El cajero municipal de San Fernando, en prisión

Iba a ser un día más, con la única particularidad que tendría que pasarse por el juzgado para responder a una citación que había recibido días atrás. Un mero trámite, pensaba. Ni su abogado se esperaba que no podría volver más a su casa. El funcionario imputado en el desfalco de 7,8 millones de la caja municipal del Ayuntamiento de San Fernando, Clemente R. G., duerme desde anoche en una celda de la prisión de Puerto II por orden de la jueza instructora. El auto judicial que le llegó sin medir ni siquiera el golpe que se le avecinaba está motivado por una petición de la Fiscalía que, por vez primera, desde que fuera apresado el empleado público junto a una compañera de departamento hace siete meses, solicita el ingreso en prisión incondicional para Clemente R. G. por los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y mercantil. El tercero de los cargos es nuevo y según aparece en el auto de prisión, está relacionado con operaciones que efectuó el funcionario en el seno de su inmobiliaria.

Distinta suerte le reservaba el final de la mañana a la otra imputada en este escándalo contable de La Isla. María José L. D. C. sí que pudo volver a su casa después de conocer que continúa en libertad aunque sujeta a los mismos cargos que le leyeron en abril: malversación y falsedad documental. La Fiscalía no amplió su petición de cárcel para ella.

La jornada con desenlace imprevisto iba a comenzar a las diez de la mañana, pero no fue hasta las 13.30 horas cuando la jueza recibió a los imputados junto a sus respectivos abogados y al representante del Ministerio Público. Pocos minutos antes, dos agentes de la Policía Judicial, encargados de la investigación, habían también accedido al edificio judicial. Y es que las pruebas que han ido recabando en los últimos meses han sido determinantes para el cambio de postura de la Fiscalía.

Según fuentes de la investigación, el hallazgo de nuevos indicios que señalan directamente a Clemente R. G. como supuesto autor de la salida de dinero de la caja municipal sin ningún tipo de autorización, lo han puesto en la picota judicial. Y de una ligera sospecha ha pasado a ser un preso preventivo por este turbio asunto. Si bien, además de la aparición de nuevos datos, el fiscal ha apelado a dos de los motivos que justifican el ingreso en prisión a la espera de juicio: el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas que podría hacer el cajero municipal en libertad.

La comparecencia para resolver el ingreso en prisión fue un acto muy breve. La jueza comunicó su decisión a las partes y como contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la defensa del funcionario, ejercida por el letrado Ignacio Quintana, tenía la posibilidad de practicar una prueba en ese momento para revocar el ingreso en prisión de su cliente. Pero como el abogado explicó a los medios que se congregaron a la salida de los juzgados, con el secreto de sumario aún vigente y sin datos de la investigación, no tuvo «ninguna opción», alegó.

Recurso contra el auto

«Como no hemos tenido acceso al sumario no sabemos lo que hay y difícilmente podemos hacer una defensa de los intereses del señor Clemente. Estamos a la espera de que se levante el secreto de sumario para ver si el ingreso en prisión está justificado o no. No tenemos más datos porque no se nos había notificado que hoy -por el día de ayer- se hacía una comparecencia de estas características. Nos dijeron que teníamos que estar aquí para una diligencia y aquí estuvimos», señalaba el letrado, quien a preguntas de este medio anunció que en los próximos días recurrirá el auto de la instructora por indefensión, entre otros motivos.

Clemente R. G. estuvo acompañado de su esposa, a quien se la pudo ver cómo rompía a llorar a la salida de los juzgados y buscaba consuelo en los brazos de un familiar. Mientras se producía esta escena, el abogado de la familia insistía en la línea de defensa que ha planteado desde que asumió el caso. «Yo sigo pensando que este hombre no se ha llevado los 1.385 millones de pesetas (7,8 millones de euros). Se los han llevado otros. Es mi opinión, pero ya habrá tiempo de probarlo».

El nuevo episodio judicial dio paso a un reguero de reacciones, la primera de ellas y la más esperada fue la del alcalde, Manuel María de Bernardo, quien respaldara la denuncia realizada por el interventor municipal meses atrás: «Tengo confianza plena en la Justicia y por ello respeto cualquier decisión que se haya tomado en este aspecto». El andalucista cumplió con el secreto de sumario y no aportó ningún dato judicial: «Desde el principio he tenido constancia del trabajo que se ha ido realizando y ahora se ha procedido a una actuación más. Lo único que ahora se espera es la apertura del secreto del sumario para que los isleños puedan conocer la verdad de lo que ha ocurrido en la Caja».

Petición de más datos

Su oposición, representada por el portavoz del grupo municipal socialista, Fernando López, también habló en clave esperanzadora: «Pensamos que se ha dado un paso más para aclarar este asunto. Esperamos deseosos poder ver el sumario y tener más información, y que todos los que hayan tenido algún tipo de responsabilidad en que este dinero de los isleños haya desaparecido, respondan ante ello».

Fuera de la esfera política, el coordinador de la Plataforma Responsabilidades Políticas Ya, Manuel Pareja, aseguró: «La detención viene a corroborar que ha habido un robo durante años y nuestra petición de responsabilidades se acrecienta ahora porque esto quiere decir que han fallado los controles y los políticos son los últimos responsables».

Apenas han trascendido datos del auto que dictó ayer la jueza instructora, quien además no fue prolija en datos porque existe un secreto de sumario que mantiene cerrado el camino de la información incluso para la defensa. Sin embargo, este periódico pudo saber que uno de los supuestos indicios a los que hace referencia y que habrían provocado el cambio de situación para Clemente R. G. es que éste realizó supuestamente una petición excesiva de talones con dinero extraído de la caja municipal. La jueza señala dos años (2007 y 2009) en los que se ha detectado esta anomalía contable. Los talones que presuntamente estaban a su nombre en un mismo momento llegaron a sumar unos 130.000 euros, cuando en la caja municipal había sólo 30.000 euros de liquidez.