La UE muestra fisuras en su afán de lucha contra las causas de la crisis

La unidad de la UE ante la crisis económica y las recetas del G-20 para conjurarla está comenzando a mostrar fisuras. No son determinantes aún pero sí ilustran hasta qué punto resulta difícil adoptar en Europa disposiciones con impacto financiero concreto.

Ayer se reunió en Luxemburgo el Ecofin. Dos temas marcaban su orden del día: el refuerzo de la supervisión financiera, con los dos órganos específicos cuya creación ha previsto el Consejo Europeo, encargados de la vigilancia macro y microeconómica, y el acuerdo con Liechtenstein para combatir el fraude fiscal. En materia de supervisión, era el primer contacto oficial de los ministros con las propuestas de la Comisión del pasado septiembre y respondían a un mandato específico del Consejo europeo.

Se trata de crear lo que se denominará una Junta Europea de Riesgo Sistémico, encargada de evaluar los peligros de orden global para el sistema y un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, que deberá definir normas de supervisión, ocuparse de algunas entidades de talla especialmente grande y mediar en el caso de diferencias de criterio entre supervisores nacionales, que en ningún caso desaparecen.

La Junta no plantea problemas de orden conceptual u operativo a los Estados miembros, de modo que su proyecto de creación recibió un amplio endoso por parte del Consejo. El Sistema Europeo de Supervisores es otra cosa. Aunque no contempla la subordinación sistemática de los órganos nacionales de supervisión, lo cierto es que, de alguna manera, podría convertirse, en determinadas circunstancias, en «la» autoridad europea de supervisión, aunque siempre para cuestiones previamente regladas y acordadas entre los Estados.

El Reino Unido consiguió que las decisiones sobre estos nuevos organismos se adopten al mismo tiempo, en diciembre, lo que da margen a las autoridades británicas para diluir los impactos negativos del proyecto. Por cierto que el alcalde de la ciudad, Boris Johnson, acaba de presentar un informe en el que se señala que los afanes reguladores de Bruselas van a tener un impacto en la condición de plaza financiera de rango mundial de la capital.

Por otra parte, Luxemburgo y Austria se opusieron al acuerdo de colaboración fiscal con Liechtenstein, hasta tanto no estén despejadas las incógnitas de otros expedientes similares: la ampliación de la directiva sobre fiscalidad del ahorro de los no residentes o el nuevo mandato de negociación con Suiza, San Marino, Andorra y Mónaco para combatir el fraude.