El gobierno creará una norma para el contenido en grasas de los alimentos

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que ultima el Gobierno limitará el contenido de las grasas trans en los alimentos y reforzará la lucha contra la obesidad puesta en marcha a través de la estrategia NAOS. La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó ayer que esta nueva norma, cuyo anteproyecto fue examinado por el Consejo de Ministros, tiene previsto limitar el contenido de las grasas trans en los productos alimenticios, toda vez que «está demostrado que aumentan los riesgos cardiovasculares». Aclaró, no obstante, que para que se haga efectiva esta limitación las empresas dispondrán de un periodo transitorio «suficientemente amplio» para permitir adaptar su producción.

La nueva ley también abordará la lucha contra la obesidad, «uno de los principales problemas de salud de los países desarrollados». Para ello, contempla medidas especiales dirigidas a los menores, particularmente en el ámbito escolar, que refuercen la estrategia NAOS puesta en marcha en febrero de 2005, que nació con el objetivo de promocionar una alimentación saludable, promover la práctica habitual de actividad física e invertir la tendencia ascendente de la obesidad.

Un tercio de obesos

Según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso. Respecto a los niños y adolescentes, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso. En resumen, a uno de cada cuatro niños españoles le sobran kilos. Esta alta tasa de obesidad infantil tiene una enorme trascendencia en términos de salud, esperanza de vida e impacto económico. En 2002, se calculó que los costes asociados a la obesidad sumaban unos 2.500 millones de euros anuales, lo que representa, aproximadamente, el 7% del gasto sanitario total.

En la nueva normativa, los ministerios de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino han unificado toda la legislación de alimentos y nutrición, con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria. Con la nueva ley, se aborda de forma integral la seguridad alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor, para anticiparse a riesgos físicos, químicos y biológicos.