Garzón critica a su sustituto por no decretar prisión incondicional contra la etarra Aranalde

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde, en paradero desconocido y con la sospecha de las Fuerzas de Seguridad de que se ha dado a la fuga. La etarra fue entregada la semana pasada por las autoridades francesas pero un error en el expediente de la euroorden de detención llevó al juez Eloy Velasco a ponerla en libertad bajo fianza de 12.000 euros.

Garzón admitió ayer el recurso que presentó la Fiscalía contra la puesta en libertad de Aranalde que acordó el juez Eloy Velasco -que sustituía a su compañero mientras éste estaba de vacaciones- y ordenó su ingreso en prisión por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al 'comando Donosti' de ETA.

Sin embargo, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron a notificarle el auto de ingreso en prisión y detenerla, Aranalde ya había desaparecido de su domicilio en Ibarra (Guipúzcoa). La etarra está sin pasaporte, por orden de Velasco, que fijó comparecencias semanales. Estas medidas, junto con la puesta en libertad, fueron recurridas por la Fiscalía al considerar que existía un alto riesgo de fuga.

Indicios para la prisión incondicional

Anoche, nada más incorporarse al Juzgado tras el descanso estival, el juez Baltasar Garzón dictó el auto en el que estimaba el recurso del Ministerio Público y advertía que la semana pasada ya existían indicios suficientes para haber acordado prisión contra la etarra. En este documento, Garzón ordenaba el ingreso en prisión incondicional de Aranalde aunque la orden no se hizo pública para tratar de evitar su fuga. La medida del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, contraria a la adoptada la semana pasada por su compañero Eloy Velasco- que la puso en libertad bajo fianza de 12.000 euros-, no logró su objetivo, puesto que la Policía trató infructuosamente de dar con ella durante todo el día de ayer. Por eso, hoy a primera hora dictó una orden de busca y captura contra la miembro del 'comando Donosti'.

En el auto dictado ayer, Garzón defiende que los hechos por los que su Juzgado obtuvo la entrega de Aranalde el pasado martes (integración en ETA y tenencia de armas y explosivos con fines terroristas) comportan un grado "elevado" de riesgo de sustracción a la acción de la justicia "teniendo entrega que la entrega de la procesada no ha sido voluntaria". En este caso, según defiende el magistrado "se cumplen todos los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para que su prisión sea con carácter incondicional y no sujeta a fianza". Y recuerda a su compañero Velasco -que le sustituía la semana pasada durante sus vacaciones de agosto-, que el juez "debe velar, exclusivamente, porque la procesada no se sustraiga a la acción de la justicia, riesto que, en este caso, sólo se concita con la prisión provisional incondicional de la misma".

Dice también Garzón que no debe olvidarse que Aranalde ya huyó de España y que "existe la posibilidad más que probable" de que cualquier momento, de estar en libertad, "pueda volver a la actividad en el seno de la misma, a la que no ha renunciado, ni expresa ni tácitamente". París la condenó a seis años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.

Huída desde el domingo

La Policía sospecha que la etarra podría encontrarse huída desde el pasado domingo, según fuentes de la lucha antiterrorista. Ese mismo día, vecinos de su localidad natal celebraron una manifestación de protesta contra la prohibición de la Audiencia Nacional de rendirle homenaje al que la terrorista no acudió. Las primeras sospechas apuntan a la posibilidad de que Aranalde podría llevar ya tres días fugada de su localidad, de la que habría salido ayudada por el entorno proetarra.

Según las mismas fuentes, la motivación principal de la fuga respondería al convencimiento del entorno de la terrorista de que el juez Garzón rectificaría a su vuelta de las vacaciones el auto dictado anteriormente por su compañero y sustituto en esta causa.

Con ello contaban también las Fuerzas de Seguridad, que ya habían previsto la necesidad de estrechar la vigilancia en torno a la terrorista a la espera de la orden de la Audiencia Nacional. No obstante, las dificultades para exceder las medidas cautelares dictadas por el juez Velasco impidieron un mayor control sobre Aranalde.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha atribuido la huída a un "interpretación judicial errónea" del magistrado Velasco más que por el error burocrático de Francia.