Responsabilidad social

E l incremento experimentado en el desplazamiento de vehículos durante junio y julio, con un 4 y un 5% de aumento en relación al pasado año, no ha conllevado un efecto análogo en cuanto a la siniestralidad en carretera, sino que la mortalidad ha disminuido pasando en julio de 231 a 179 fallecidos. En este contexto, el director general de Tráfico, Pere Navarro, calificó la operación salida provocada por las vacaciones de agosto como «excepcionalmente tranquila». A pesar de las grandes retenciones, agravadas sin duda por la coincidencia del cambio de mes con un fin de semana, cabe concluir que los españoles han optado por dirigirse a sus lugares de descanso de manera razonablemente escalonada. Resulta problemático discernir hasta qué punto han de ser las normas legales, la proliferación de vías y su trazado seguro los factores que contribuyan a un flujo normalizado del tráfico y a la reducción de los accidentes y de su gravedad; y a partir de qué momento deben ser los propios conductores y quienes les acompañen los que se responsabilicen de circular con fluidez y de reducir la accidentalidad.

Las estadísticas de mortalidad en el tráfico demuestran que el poder disuasorio del carnet por puntos y el de las medidas introducidas en el Código Penal ha surtido efecto. Por otra parte, la apertura de vías alternativas en torno a las grandes ciudades ha incrementado la fluidez del tráfico, especialmente en los momentos críticos. Pero ni la potestad punitiva del Estado de Derecho puede apurar sus posibilidades hasta la promulgación de un cuadro de normas de tráfico y penales que acaben agravando injustamente las infracciones que puedan cometer muchísimos ciudadanos, ni la construcción de autovías y autopistas que eludan los riesgos que comporta el tráfico en las demás carreteras puede incrementarse indefinidamente sin afectar a la racionalidad económica y, sobre todo, a los criterios de sostenibilidad. Es probable que la sociedad española se esté acercando ya a la linde a partir de la cual ha de ser la propia ciudadanía, han de ser los propios usuarios, quienes se responsabilicen de ordenar sus salidas por carretera, de evitar cualquier situación de riesgo, y de colaborar en la prevención y persecución de cuantas conductas ponen en grave peligro la seguridad de los demás.