La defensa de Ricardi fuerza al Supremo para que determine si hubo error judicial

No están satisfechos y quieren que el Tribunal Supremo se moje sobre la investigación policial y posterior procesamiento de Rafael Ricardi hace ya 14 años. Consideran que el fallo judicial que acuerda anular la sentencia condenatoria del portuense, está carente de «cualquier autocrítica sobre el funcionamiento de un sistema judicial» que condenó a un hombre que ahora le han devuelto la inocencia, expresaba ayer en rueda de prensa, Domingo Valderrama, letrado de la defensa.

La fórmula elegida para que el Supremo se pronuncie abiertamente sobre si hubo errores hace 14 años ha sido presentar un recurso de aclaración de la sentencia conocida la semana pasada. El descontento de la defensa también alcanza a los cauces de difusión de dicha resolución: «Es una total desvergüenza que se enteraran los medios antes que el propio interesado», proseguía un letrado, especialmente crítico con el contenido de un fallo judicial «en donde no se dice nada sobre quién pudo ser el responsable de esta aberración. No se califica tampoco la gravedad de este asunto, cuando en otras sentencias del Supremo se hacen apreciaciones subjetivas que aquí se echan en falta».

La sentencia, de apenas siete folios, explica por qué el caso Ricardi se encuadra dentro de los supuestos que admiten la revisión de una sentencia firme y pondera el hallazgo de nuevas evidencias, como fueron los resultados de ADN que determinaron en 2008 dos perfiles genéticos que no se correspondían al del portuense. Para renglón seguido acordar la nulidad del fallo alcanzado por la Sección Quinta en 1996.

Esa nueva maniobra procesal no creen que entorpezca la petición que en septiembre van a formular al Ministerio de Justicia para que resarza económicamente a Ricardi. La reclamación patrimonial está sólo a falta de que los letrados cuantifiquen el dinero de la indemnización solicitada. En el día de ayer no quisieron dar cifras concretas, pero la abogada Antonia Alba especificó que están estudiando precedentes similares. Uno de los casos que salió a la palestra fue el de Dolores Vázquez, condenada por un jurado popular por el asesinato de Rocío Wanninkof. Una anulación del TSJA por falta de motivación de la sentencia y el posterior hallazgo del ADN de otro sospechoso en el escenario del crimen, quien llegó a reconocer los hechos, sacaron del caso a la malagueña. El Ministerio de Justicia fijó una indemnización de 120.000 euros por los 17 meses que estuvo encarcelada; si bien el Consejo General del Poder Judicial descartó que el procedimiento se hubiera visto afectado por fallo alguno del sistema.

Ésa es una de las referencias que han tomado los abogados de Rafael, aunque esperan que el Supremo hable de error para poder esgrimirlo como prueba en la reclamación, «de la que el Ministerio puede desentenderse; algo que resultaría muy grave», decía Valderrama.

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