La Junta se hace hoy con el suelo de Las Aletas ante el inminente inicio de las obras

Otra vuelta de tuerca o un camino que se abre al dar la vuelta a un recodo y que resulta ser el mismo por el que se transitaba. Ésta parece ser la historia por venir de los terrenos en los que se proyecta levantar el área logística y parque de Las Aletas. La Junta de Andalucía ocupará hoy, por segunda vez, estas fincas. Los afectados por las expropiaciones necesarias para este polígono empresarial han sido convocados al acto de ocupación para la mañana de hoy. Los propietarios están llamados a acudir al Ayuntamiento de Puerto Real para la tramitación de este acto.

La actuación de hoy significaría el paso a manos de la Junta de los terrenos en cualquier procedimiento de expropiación que siguiera los cauces normales. Sin embargo, éste no es como los demás. No porque el proyecto que propicia la enajenación sea más o menos importante que otros, sino porque es la segunda vez que la Junta enajena estas propiedades. De hecho, el 98,14% de estos terrenos ya pertenecen a las administraciones central o autonómica -un dato publicado por este periódico y del que ahora también se hace eco la Administración autonómica-, según los archivos del Registro de la Propiedad número 2 de El Puerto.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró ayer a este periódico que las primeras obras comenzarán en «la primera quincena de septiembre». De esta forma esta actuación se iniciaría en el plazo establecido en marzo por el consejero de Empleo y vicepresidente del Consorcio de Las Aletas, Antonio Fernández. Entonces aseguró que la ocupación de los terrenos tendría lugar entre julio y septiembre y añadió que se haría así con independencia del estado en el que se pudieran encontrar las anunciadas negociaciones con los propietarios.

Griñán señaló respecto a esta cuestión que «durante el mes de agosto se resolverá definitivamente la negociación con los propietarios o el levantamiento de las actas de ocupación». La ocupación tendrá lugar hoy sin que las partes se hayan sentado a dialogar. De hecho, tres de los principales dueños de estos suelos más un representante de los llamados minoritarios -cuyas fincas tienen superficies poco extensas- aseguraron ayer que la Administración regional no sólo no ha alcanzado ningún acuerdo con ellos, sino que ni tan siquiera los ha llamado aún para iniciar negociaciones con las que llegar a un acuerdo. Sin embargo, el presidente de la Junta aseguró que «el problema de las expropiaciones está ya prácticamente terminado».

El abogado de la empresa Dehesa Norte y de la familia Derqui -los dos propietarios mayoritarios-, Alfonso Pérez, explicó que están a la espera de que los citen «para negociar un mutuo acuerdo como les prometieron». Así lo establece la ley, que conmina a las partes a establecer un diálogo. La Junta les advirtió de una futura cita hace ya una semana, pero la llamada no se ha producido aún.

Como ya ocurriera en el levantamiento del acta previa a la ocupación en la primera semana de julio, los afectados se reiterarán en su postura. Un numeroso grupo de ellos ha firmado un poder para que sea de nuevo un notario quien deje constancia de su posición y de la documentación que entregarán a los funcionarios que se desplazarán hoy al Ayuntamiento puertorrealeño para levantar el acta de ocupación de los terrenos -la acción jurídica por la que lo expropiado pasa a manos de la administración que ha realizado la enajenación-.

Según el calendario de actuaciones que prevé el Consejo Rector del Consorcio de Las Aletas, las primeras obras se adjudicarán en la primera semana de septiembre para que comiencen en la segunda quincena, siete meses más tarde de lo planeado en el plan previsto en noviembre pasado por este organismo. Los primeros trabajos -presupuestados en 5,14 millones de euros- consisten en la construcción de terraplenes provisionales para asentar el terreno. La zona tiene un firme muy blando y es necesario afianzarlo. Se hará con 50 camiones diarios que descargarán grava durante siete meses en Las Aletas.

En el levantamiento del acta previa de ocupación, que tuvo lugar el 2 y 3 de julio, los afectados reciben un 30% del justiprecio establecido como compensación a los propietarios por la expropiación. Según las cantidades recibidas, la Junta tiene intención de pagar el metro cuadrado que se encuentre en dominio público marítimo terrestre a 0,76 euros; y el metro de terreno privado a 0,28 euros. Este justiprecio se ha resuelto según la nueva normativa sobre suelo y valoraciones. Así, los expropiados le deberían dinero a la Junta y tendrían que pagar la diferencia de lo recibido en la primera enajenación.