La concesión de luz y agua para las casas ilegales no es una «amnistía urbanística»

El mapa provincial de las viviendas ilegales sufrirá cambios a medio plazo. Los ayuntamientos se han comprometido a poner coto a la construcción ilegal pero, al mismo tiempo, insisten en que no pueden olvidar lo que ya hay edificado. Muchas de ellas serán legalizables y necesitan luz y agua. El Reglamento de Disciplina Urbanística que prepara la Junta trata de poner cierto orden en el desorden y abre la mano para que los consistorios concedan la licencia para la instalación de los servicios básicos. Se trata de un a reividnicación histórica.

Sin embargo, los distintos responsables de Urbanismo de los ayuntamientos salpicados por las construccuiones ilegales -Chiclana, Sanlúcar, Barbate y Vejer, entre otros- señalan que «no se trata de café para todos, ni de una amnistía urbanística».

El responsable del planeamiento en Vejer, Antonio Muñoz, aclara que este reglamento viene a dar respuesta a los 22 núcleos rurales que se encuentran diseminados por el municipio, con un contingente de 1.500 viviendas clandestinas. Se trata de «una realidad social histórica que no se puede obviar y, por tanto, había que solucionar». El decreto, según Muñoz, obliga a los ayuntamientos a dar el permiso para la instalación de los servicios básicos, pero serán los propietarios quienes paguen las obras. Para acceder a esta condición es necesario cumplir con varios requisitos.

En esta misma línea se pronunció la concejal de Urbanismo de Chiclana, Cándida Verdier, que aclaró que se trata de una licencia provisional. Chiclana tiene unas 15.000 viviendas irregulares y su ayuntamiento está sumido ahora en el proceso para legalizar lo que se pueda. Así, los propietarios que quieran los servicios básicos tendrán que demostrar que es la única vivienda que poseen y, además, no está en zona de dominió público o afectadas por viales.

El nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, mantuvo el pasado mayo una reunión con los alcaldes afectados por la construcción ilegal. En esta cita se puso sobre la mesa el borrador del Reglamento, así como las bases para frenar la construcción clandestina. Almagro llegó en este asunto con los deberes hechos, ya que su cargo anterior era el de delegado provincial de Vivienda. La Administración regional ha ofrecido su colaboración a través de la Policía Autonómica y de los inspectores. Los alcaldes consultados reconocen que en los últimos meses ha bajado esta práctica gracias a la presión y adelantan que el Reglamento, que se aprobará en os próximos meses permitirá la demolición express.

La responsable de la Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar, Mónica González, indicó que sólo podrán acceder a la instalación de luz y agua las legalizables y explicó que en su municipio existen 6.000 construcciones clandestinas. González hizo hincapie en el inventario que están elaborando los consistorios sobre el censo de construcciones ilegales, «es como una foto fija de la situación actual». Esta imagen permitirá poner coto a la expansión y actuar sobre lo que ya existe.

El alcalde de Barbate, Rafael Quirós, también se ha mostrado a favor de este Reglamento y confía en que sea punto y final a lo ilegal.