Concluye la instrucción del 'caso Halcón' con 20 imputados por fraude al fisco

Al ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, se le acumulan los procedimientos judiciales. Si a finales del año pasado se confirmaba su procesamiento por el conocido caso Karlos; ahora se sabe que el titular del juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez ha dado por concluida la instrucción nacida con la denominada operación Halcón. La fase de investigación ha finalizado con 20 personas imputadas, entre ellas el antiguo funcionario.

Todos ellos formaban parte de una red de facturación falsa, vinculada a empresas del sector de la piel, que les permitió obtener unas ganancias ilícitas, según el auto del juez, quien observa indicios suficientes de que los imputados cometieron falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública.

Pese a que estas diligencias han pasado más desaparecibidas por no salpicar a ninguna figura mediática, como sí ha ocurrido en la causa abierta por la tramitación y obtención de pensiones de invalidez donde está acusada María José Campanario y su madre, en origen fueron el germen de la que después sería bautizada como operación Karlos.

En marzo de 2005, la Agencia Tributaria detectó irregularidades contables en una serie de empresas dedicadas a la comercialización de productos de marroquinería. Dichas irregularidades consistían en la emisión de facturas por unos servicios nunca prestados. Esa facturación generaba un doble beneficio: el dinero percibido a cambio de esas facturas y el que reclamaban a Hacienda al declarar el IVA de unas operaciones mercantiles inexistentes o al incluirlas como gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.

Conforme avanzaban las pesquisas, los investigadores detectaron también que esas empresas en realidad sólo existían en el papel. No realizaban ninguna actividad y en algunos casos compartían la misma sede social. Ese cúmulo de irregularidades llevó a la Agencia Tributaria a solicitar al juzgado el pinchazo de los teléfonos de Carlos Carretero y su círculo de colaboradores más cercano, al que habían identificado durante los seguimientos a las oficinas de algunas de esas empresas.

La intervención de esas conversaciones llevó a los investigadores a la convicción de que Carretero habría creado una red de empresas fantasmas con el único fin de defraudar al fisco; además de ganar dinero con la venta de las facturas falsas. Esos beneficios, como indica ahora el juez instructor, fueron ocultados por los imputados mediante la adquisición de bienes como coches e inmuebles, que han sido embargados durante la instrucción. De ahí que el juez también considere a los imputados posibles autores de un delito de blanqueo.

El caso Halcón, por ahora, también ha arrastrado a la que fuera secretaria y compañera sentimental de Carretero, Elisa C. G., al hermano de ésta Juan de Dios C. G., y a su ex cuñada, Pilar B. R. La Agencia Tributaria observó que el supuesto cerebro del entramado había colocado a personas de su confianza como testaferros o empleados de las sociedades investigadas, que no sólo se circunscribieron al ámbito de la piel. En la red de empresas también encontraron otras dedicadas al sector de la construcción e inmobiliario.

Un auto anterior del instructor dejaba sin efecto la imputación que había contra las sociedades reales que sí pudieron adquirir algunas de esas facturas, pese a que sí tienen una actividad comercial, ya que «la condición de imputado no puede recaer en personas jurídicas»; si bien el instructor no descarta que sean requeridas para que asuman responsabilidades civiles.

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