Sin pena ni gloria

Sin pena ni gloria ha transcurrido en Cádiz el trigésimo aniversario de la constitución de su Ayuntamiento democrático. Una lástima, porque el significado y la importancia de la efeméride merece que se le preste un mínimo de atención por parte de las instituciones públicas y de manera especial por las que gobiernan la ciudad. No vendría mal recordarles a los jóvenes lo que representó el cambio político hacia la democracia en las ciudades y pueblos españoles. Es una cuestión de pedagogía política que no se debe descuidar. Está bien una jornada de puertas abiertas en el Consistorio, pero no es suficiente. La trascendencia del aniversario exige mucho más, sobre todo cuando se trata de una ciudad que se ha ganado el honroso título de cuna de la Libertad.

Es cierto que la ciudad junto con otras muchas poblaciones, ha experimentado una transformación más que notable desde que en 1979 inició su andadura democrática. Como dijo el poeta, se ha hecho camino al andar a pesar de las penurias de la hacienda municipal y de las graves crisis económicas y sociales que han sufrido Cádiz y la Bahía. Es ahora cuando se debe aprovechar el poder evocador de la conmemoración para analizar la tortuosa trayectoria del municipalismo español y sus posibilidades de cara al futuro en el Estado de las Autonomías. El artículo 140 de la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. De momento, una entelequia. El 142 añade que las haciendas locales deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de sus funciones. Otra entelequia. La voracidad insaciable de las comunidades autónomas está dificultando que las administraciones más próximas a los ciudadanos puedan atender adecuadamente sus necesidades.

Entiendo y apoyo la descentralización del poder, que debe estar al servicio de los intereses generales. Desgraciadamente no siempre ocurre así. Por ejemplo, y no es más que uno, cualquier empresa que quiera desarrollar su actividad a lo largo y ancho del territorio español, tropieza con la burocracia de 17 administraciones autonómicas. Es indudable que esta circunstancia incide negativamente en la economía del país. Por eso creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre la situación actual de las autonomías y de tomar las medidas necesarias para garantizar la satisfacción de esos intereses generales.