Fiscalía y Defensor del Pueblo Andaluz advierten de los "riesgos ambientales" en la Bahía de Algeciras

La Fiscalía Superior de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz suscribieron hoy un manifiesto para advertir a los poderes públicos de los "riesgos ambientales" en la Bahía de Algeciras, donde se "tienen que extremar las cautelas" para evitar que se produzca "un fenómeno parecido al Prestige".

Así lo señaló a los periodistas el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que hoy se reunió con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en una jornada de trabajo en Granada sobre los delitos contra el patrimonio histórico, medio ambiente y la ordenación del territorio en la que acordaron redactar el documento, en el que señalan que la persistencia de actividades económicas en los puertos y aguas del Estrecho de Gibraltar sin un adecuado control pueden suponer "un grave riesgo" para la pervivencia de un ecosistema "especialmente sensible".

Aludiendo a accidentes como los de los buques New Flame, Fedra y Tawe y a las "evidencias" acerca del riesgo que comportan las actividades de 'bunkering' que se desarrollan en la zona, ambas instituciones abogaron por la "conveniencia de hacer efectivas las limitaciones, los controles y las estipulaciones fijadas en las normas internacionales y europeas, eliminando así cualquier práctica que suponga un riesgo añadido en una zona de especial tránsito marítimo".

"El recuerdo de graves precedentes ocurridos y sus consecuencias medioambientales, debería mover a toda la sociedad y muy particularmente a las autoridades competentes a una reflexión sobre la urgente necesidad de promover medidas que eliminen o limiten los graves riesgos que actualmente se ciernen sobre la Bahía de Algeciras como consecuencia de la realización de actividades peligrosas en sus aguas", inciden Defensor y Fiscalía en el manifiesto.

Así, la reiteración de incidentes en esta zona y la convicción de que los mismos pueden repetirse en un futuro no lejano, "quizás con consecuencias irreparables", han llevado a las instituciones a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todas las autoridades implicadas --españolas, británicas, gibraltareñas y europeas-- instando a las mismas al cumplimiento diligente y riguroso de los tratados internacionales y al respeto de las normas que velan por la seguridad del tráfico marítimo y por la prevención y evitación de riesgos ambientales.

"No debemos olvidar que la pasividad y las conductas omisivas ante un riesgo anunciado, conocido y previsible, podrían convertir en temeridad lo que hoy es imprudencia", concluyeron.