El agujero negro de San Fernando

El miércoles pasado saltaron todas las alarmas en San Fernando a través de un comunicado enviado por el Ayuntamiento de San Fernando a los medios de comunicación, en el que se explicaba que se «había conocido un informe de los servicios económicos del Ayuntamiento donde se comprueban irregularidades en la Caja municipal, estando implicados, presuntamente, dos funcionarios».

Estos dos «presuntos implicados» eran Clemente R. G. y María José L. de C. a quienes, a las 14.00 horas del miércoles les comunicaban que tendrían que estar más tiempo en sus puestos de trabajo. Y poco después, a las 16.00 horas se procedía a su detención.

Clemente llamó a su mujer por teléfono: «No te preocupes, pero hoy voy a llegar más tarde», fue lo único que le dijo, según contaba su esposa en la puerta del juzgado. Tardó tres días en volver a casa, cuando el sábado fue puesto en libertad con cargos.

Sin descanso

A partir del ahí comienza una serie de suposiciones sobre lo que ha ocurrido en las arcas municipales de San Fernando. En primer lugar, se estima que faltan en torno a 480.000 euros, y se sospecha que los dos imputados son los únicos que tenían acceso a la caja. El alcalde de la ciudad, Manuel de Bernardo realiza un día después de las detenciones una comparecencia pública en la que defiende la «honorabilidad de todos los funcionarios del Ayuntamiento» y defiende que fueron los propios servicios del Consistorio los que se dieron cuenta del desfase contable.

La Cámara de Cuentas, sin embargo, desmiente al alcalde y asegura que han sido ellos los que detectaron la falta del dinero durante una inspección de oficio. Sea quien sea, tras la denuncia surge otra duda acerca de la cuantía que se ha perdido, ya que el propio alcalde reconoce que la cifra desaparecida en las arcas públicas puede ser superior a los 480.000 euros, habida cuenta de que hasta ahora sólo se han investigado tres meses.

De Bernardo también explica que la Policía considera implicadas sólo a esas dos personas, aunque los nombres de los dos imputados son los únicos que aparecen en el informe municipal que destapa el presunto robo. Por su parte, la Policía Nacional registra el jueves el domicilio de María José, sin encontrar en ella pruebas sustanciales. El viernes, registran el domicilio y la inmobiliaria de Clemente.

Ese día tampoco pasan a disposición judicial, y se agotan las 72 horas de la prisión cautelar, por lo que declaran finalmente el sábado. Ante la jueza, ambos detenidos afirman que no son los únicos que tenían acceso a las llaves. La jueza instructora del caso no halla pruebas para su detención y salen en libertad.