Los imputados en la 'Operación Burbuja' estafaron a los bancos 775.000 euros

Tras casi un mes de investigación, la Brigada Provincial de Policía de Cádiz ha dado nuevos detalles sobre la operación Burbuja Inmobiliaria que, a comienzos de marzo, envió a prisión al propietario de la agencia Red Casa, Luis Manuel García, y a su compañera de negocios, Ana Suárez Galiano, como presuntos autores de una estafa contra sus clientes y varios bancos de la provincia.

La pareja permanece desde entonces en prisión preventiva, en las cárceles de Puerto II y Puerto III, imputada por un delito continuado de estafa, cometido al vender las mismas viviendas a diversos compradores y apropiarse así de 180.000 euros en concepto de fianzas, entregadas por 21 afectados.

Además de este fraude, la Policía apuntaba entonces hacia un segundo delito de mayor envergadura contra dos entidades financieras, a las que habrían defraudado con mentiras y documentos falsos hasta 1,3 millones de euros.

Esta segunda estafa ha sido confirmada ahora por la Udyco III, tras haber tomado declaraciones a los directores e intermediarios de las entidades bancarias -un banco y una caja de ahorros- y de analizar la ingente documentación hallada en los domicilios de los dos detenidos. La cantidad de dinero defraudado, sin embargo, se ha visto reducido a 775.000 euros. Si bien, no se descarta que el fraude pueda crecer hasta el millón de euros, ya que las diligencias continúan.

El nuevo atestado, que fue enviado ayer al juez de Instrucción Número 2 de Cádiz, ha permitido imputar a los detenidos otros dos nuevos delitos de fraude, un tercero en grado de tentativa y un cuarto delito por falsedad documental.

Créditos fraudulentos

Según detalló ayer la Policía en una nota de prensa, a finales del año 2007 y mediados del 2008 -en los estertores del boom inmobiliario-, Luis García y Ana Suárez contrataron tres hipotecas en dos entidades financieras, con las que compraron las viviendas de la calle Barrié y de la calle Torre que luego utilizaron en la supuesta estafa a los clientes.

Con los tres préstamos, los imputados obtuvieron 775.000 euros, aprovechando que por aquella época los bancos aún sobretasaban las hipotecas: una práctica habitual pero arriesgada, con la que se financiaban los gastos de notaría e impuestos. En el caso de Luis y Ana, las tasaciones eran de hasta un 20% superiores a los precios de compra de las viviendas. En concreto, de los 775.000 euros obtenidos, más de 168.000 euros estaban sobretasados.

Hasta ahí, nada estaría fuera de lo común. Ni, en teoría, habrían cometido ninguna práctica ilegal. Si no fuera porque -según la Policía- estos créditos fueron conseguidos con mentiras, documentos falsos y la intención clara de ambos detenidos de no devolver el dinero. La Policía reconoce, de hecho, «la habilidad y audacia mostrados por los imputados» a la hora de engañar a los bancos, a los que enviaban «una cantidad exagerada de documentación» para avalar de su falsa solvencia, con informes «alterados» y en algunos casos «inventados».

Como refleja el sumario de instrucción, y adelantó LA VOZ, la mentira llegó a ser detectada por una tercera entidad financiera , que rechazó la solicitud de hipoteca, librándose así de la estafa.

En esta trama, la Policía señala a Luis García como el cabecilla de las operaciones, «dada su experiencia como agente inmobiliario». Mientras, Ana «cumplía el papel de ejecutar de cara al público los fraudes, utilizando como respaldo su imagen pública como empresaria». Una fachada falsa con la que engañaron a más de un intermediario bancario. En la nota hecha pública ayer por la Policía, de hecho, se descarta «rotundamente» la implicación de los empleados de las entidades bancarias en la trama estafadora.

Morosos al primer mes

Una vez obtenido el dinero, los imputados dejaron de pagar las cuotas al primer o segundo mes. De este modo, se beneficiaron (a cambio de nada) de las tres viviendas -valoradas en 675.000- y del dinero de la sobretasación: calculado en 168.000 euros. La Policía indaga, además, otras posibles estafas, que incrementarían el total defraudado hasta los 1,3 millones estimados inicialmente.

Según el sumario, no se debe considerar a los dos detenidos como unos meros morosos. No en vano, el hecho de que ambos contratasen nuevas hipotecas mientras dejaban de pagar deudas anteriores, prueba la «intención estafadora» de la pareja. Un detalle que justifica la vía penal por la que se está instruyendo el caso, en lugar de la vía civil.

mgarcia@lavozdigital.es