Periñán: «La presencia de Teófila da carta de naturaleza al asalto a un edificio público»

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, acusó ayer a la alcaldesa de la capital, Teófila Martínez de «dar carta de naturaleza al asalto a un edificio público» con su presencia en él durante la toma de las instalaciones de la Administración autonómica. Aseguró que se sentía sorprendido por este hecho y mantuvo que, con su actitud, la regidora no estuvo «a la altura de la ciudad de Cádiz». Durante la mañana de ayer, un grupo de un millar de trabajadores desempleados de la comarca de la Sierra tomaron por sorpresa el edificio público. La acción estaba convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, antiguo SOC, y contó con la participación de los alcaldes de Bornos, Espera y Puerto Serrano -el también senador Fernando García, Pedro Romero y Pedro Ruiz, respectivamente-.

Sobre esta acción, Gómez Periñán sostuvo que el Gobierno autonómico es un Ejecutivo de diálogo y abogó por éste como fórmula para «resolver las diferencias». Acusó a los organizadores de utilizar métodos violentos y por sorpresa para obtener una interlocución imposible cuando «la finalidad es distinta». El delegado señaló que ésta no es otra que «el desgaste del Gobierno» por parte del SOC y Teófila Martínez.

Interlocución

Apuntó que los organizadores de la movilización eran perfectos sabedores de que Cádiz «no es el lugar adecuado para pedir una entrevista con Chaves o el ministro de Trabajo». Y añadió que «sólo pedían un imposible para justificar el asalto». La Administración autonómica les ofreció una entrevista con el delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, para el próximo lunes. La oferta fue rechazada por insuficiente, como la calificó posteriormente el secretario general del SAT, Diego Cañamero.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su parte, describió la acción de los trabajadores como «desproporcionada» en un acto en Medina. El vicesecretario regional del PSOE-A, Luis Pizarro, calificó como «irresponsable» la actitud de IU y PP y acusó a ambas formaciones de reeditar lo que llamó la estrategia de la pinza. Señaló que la defensa de IU de este tipo de encierros «no es propia de una fuerza política democrática». Pizarro apuntó que la solución «no pasa por encierros, sino por poner en marcha las obras en los municipios».

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz explicaron que todas las acciones que han desarrollado estos trabajadores y que hayan estado fuera de una concentración en la plaza de Mina se encuentran fuera de lo comunicado por los organizadores y autorizado por la Administración central. De este modo, el encierro en la Delegación Provincial de Empleo, la manifestación y, evidentemente, el abordaje de un buque no estaban autorizados. Las mismas fuentes explicaron que la renuencia a atenerse a la autorización recibida pasa por la apertura de un expediente sancionador por vía administrativa a los organizadores del acto que se puso en conocimiento de la Subdelegación.

Un síntoma

El parlamentario andaluz por IU Ignacio García apostilló que este tipo de acciones son «un síntoma del grado de desesperación que se vive en los pueblos» de la Sierra. Aseguró que en estas localidades «empieza a haber hambre». Se mostró remiso a «juzgar acciones pacíficas» y se dirigió a las administraciones para reclamar diálogo y soluciones «en lugar de reprimir». Asimismo, exigió que estas medidas lleguen ya y no dentro de un año. Los dirigentes sindicales gaditanos de la UGT y CC OO, Pedro Custodio González y Manuel Ruiz, respectivamente, rehusaron hacer comentarios a las acciones emprendidas por otros sindicatos, como era el caso. Aún así, Ruiz les acusó de buscar el «impacto mediático» inmediato y de no aportar soluciones en el día a día.

jlopez@lavozdigital.es