Después de las elecciones

Los resultados en Euskadi y en Galicia han evidenciado una extensión a su vertiente autonómica de la oleada bipartidista que redujo en las pasadas elecciones la representatividad de los partidos nacionalistas en las Cortes. La derrota en su intento de retener la Xunta gallega del PSdG y del Bloque y la configuración por primera vez en el País Vasco de una mayoría parlamentaria alternativa a la hegemonía del PNV han subrayado, pese al distinto significado que tienen los dos procesos electorales, los nuevos límites a los que se enfrentan las fuerzas nacionalistas en las comunidades en las que son relevantes políticamente. Límites que se hacen extensivos a la relación que mantienen con respecto a ellos los dos grandes partidos nacionales; y singularmente en este caso los socialistas, que han visto fracasar en las urnas su alianza con el BNG y que ahora afrontan la incierta configuración del Gobierno en Euskadi sabedores de que la posibilidad real de que Patxi López sea investido lehendakari con los votos de las fuerzas no nacionalistas está acompañada del riesgo de que el PNV retire su apoyo al Gobierno en el Congreso, comprometiendo su insuficiente mayoría. La inapelable victoria cosechada por el partido de Ibarretxe y Urkullu no es argumento suficiente para que los peneuvistas no encaren las consecuencias otra cara del resultado electoral, que no es otra que la imposibilidad matemática tanto de reeditar las alianzas que venían sosteniendo en precario el Gobierno vasco como de reproducir en la Cámara de Vitoria sus reivindicaciones soberanistas. Desde esta perspectiva, Patxi López está en su derecho e incluso en la obligación de concurrir a la sesión de investidura. Pero es también indudable que su aspiración hubiese sido más inapelable si se hubiera impuesto en la liza electoral o si su distancia con respecto a Ibarretxe hubiese sido menor.