Regulación consensuada
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, propuso ayer que los expedientes de regulación de empleo no precisen «para nada» la autorización de la administración competente en materia laboral a fin de que sean tramitados con rapidez. El máximo dirigente de la patronal expuso el más que comprensible argumento de la celeridad en la toma de decisiones en la empresa en un momento en el que cada día trascurrido se vuelve vital. Pero ha de tenerse en cuenta que es la vigente supervisión y resolución última por parte de las instituciones lo que confiere a los ERE las garantías mínimas no sólo en la protección del derecho de los trabajadores; también en su real aportación al saneamiento del tejido económico. Es la justificación precisa de la medida, mediante la exposición de las causas que la hacen necesaria, la información sobre el estado económico de la empresa y, cuando es preceptiva, la elaboración de un plan de viabilidad, lo que convierte el ERE en un mecanismo institucionalizado de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales o de reducción también colectiva de la jornada laboral. Un mecanismo que encuentra en la comunicación, la consulta y la negociación en el seno de la empresa la vía más idónea para afrontar lo más satisfactoriamente posible coyunturas críticas y lograr, en palabras del propio Díaz Ferrán, «salvar la empresa y al resto de sus empleados».
Actualizado: GuardarDe ahí que resulte necesario deslindar de cuantos requisitos aseguran su finalidad aquellos aspectos del procedimiento que, no siendo sustantivos, generan retrasos en la resolución administrativa de los expedientes de regulación; especialmente cuando persigan la reducción de jornada. La CEOE ha expuesto públicamente su idea de liberalizar los ERE mientras el Gobierno se apresta a reformar su actual normativa, es de suponer que en diálogo con los agentes sociales. La rápida tramitación de los expedientes constituye un asunto a abordar de manera inexcusable, junto a las demás vertientes que presentan los mismos. En este sentido, garantizar la continuidad en el mercado de trabajo de los empleados mayores de 50 años sujetos a ERE, que forma parte de las intenciones del ministro Corbacho, ha de constituir un objetivo común para los protagonistas del diálogo social. Pero las discrepancias públicas en torno a la incidencia de las condiciones reguladoras de las relaciones laborales en la situación económica española y en su futuro obligan a centrales sindicales, organizaciones empresariales y Administración a aunar criterios de manera urgente. La persistencia de determinadas discrepancias no debería poner en cuestión que la recuperación de la actividad y la superación de la crisis demandan esfuerzos compartidos que sólo pueden darse mediante el diálogo y la preeminencia de los acuerdos sobre las fricciones.
