Urgencias con matices
El Consejo de Ministros adoptó ayer dos iniciativas en relación a la crisis que, por necesarias que sean en su urgencia, no dejan de merecer una reflexión crítica: la reducción de 1.500 millones de euros del gasto corriente presupuestado y la puesta en marcha del Plan Integral de Automoción. Aunque la rebaja de un 2,6% en el gasto corriente constituye una medida en principio saludable, su efecto real para tratar de paliar el desembolso que están suponiendo las prestaciones por desempleo apenas representará el 5% de esa partida en 2009. Si cabe valorar la iniciativa es porque atiende a una imperiosa contención presupuestaria; y, sobre todo, porque permitirá demostrar que las cuentas públicas pueden ser siempre objeto de una revisión a la baja sin que ello afecte negativamente al servicio que se presta a la sociedad. Pero la medida adoptada invita a recordar que la eficacia y la eficiencia de la función pública no depende exclusivamente de la cuantía presupuestada, sino que con frecuencia van en consonancia con el objeto de la partida y con el modo de ejecutar los programas previstos. Porque en definitiva es esto último lo que permite recortar el gasto corrientes de las administraciones.
Actualizado: GuardarEl llamado Plan Integral de Automoción está orientado a paliar los efectos de la crisis sobre un sector que aglutina un gran número de empresas auxiliares de las grandes plantas de fabricación y montaje. Pero el dinero público no podría garantizar la continuidad de las marcas instaladas en nuestro país más allá del importante esfuerzo anunciado sin cuestionar el carácter privado de las mismas o generar un agravio comparativo, tanto desde el punto de vista industrial como del social, respecto a las empresas y trabajadores pertenecientes a otros sectores de la economía. Ha de tenerse en cuenta que la viabilidad de la automoción en España depende de los ratios de productividad y de los costes que representan los actuales procesos de fabricación. Además, las dificultades económicas que hoy atraviesa el sector responden fundamentalmente al retraimiento general de la demanda, sin cuya activación en los próximos años la automoción se vería obligada a replantearse su propia dimensión a escala global. En este sentido, ni el monto de la línea crediticia adscrita al plan Vive ni su eventual ampliación podrían más que paliar levemente el problema de fondo. Por otra parte, una de las cuestiones que el Gobierno debería medir a la hora de aplicar planes sectoriales de impulso tiene que ver con los compromisos que se establezcan en cuanto a las relaciones laborales, puesto que sería inconveniente que se introdujesen condiciones desiguales según distintas ramas industriales -así podría suceder con las reducciones y aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social contemplados en el Plan- o contradictorias con las conclusiones que a raíz de la propia crisis se extraigan para el futuro del mercado laboral en España.
