TRIBUNA

La manifestación del 15-F, el derecho y el deber

Andalucía vive una situación de emergencia social sin precedentes. Hemos tenido crisis peores, pero ninguna se ha vivido con tanta intensidad y aceleración. En marzo de 1996, Andalucía sufría una tasa de paro del 33 por ciento tras 14 años de gobiernos socialistas en España y en Andalucía. Pero aquella situación se había gestado desde 1992 y aunque también comenzó por el negocio inmobiliario, carecía de la envergadura social que aportan ahora los millones de hipotecas pendientes de pago.

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La forma de esta crisis en Andalucía es alarmante. Lo es porque afecta a casi todos los sectores productivos y porque ha dañado el tejido social del trabajo -tanto el asalariado como el autónomo, alcanzando una tasa de paro del 22 por ciento, 8 puntos más que a finales de 2007-, y de las empresas. Sentir una honda inquietud ante unos acontecimientos que parecen ir a más y no a menos, como han demostrado las cifras del paro del mes de enero, es inevitable y natural, sobre todo cuando frente a esta tempestad, Andalucía y España, nuestros barcos, no tienen ni brújula ni rumbo.

Por tanto, el Partido Popular, un partido de gobierno que ya fue gobierno ante una crisis que supo resolver, tiene derecho a convocar una gran manifestación por el empleo en Andalucía. Lo tiene porque el Partido Popular está compuesto por ciudadanos con los mismos derechos y deberes que los demás. Más de 120.000 militantes del PP en Andalucía son, en primer lugar, ciudadanos andaluces. Las libertades de expresión, reunión y manifestación no son propiedad de la izquierda. La calle no es de titularidad socialista. La calle es de todos los andaluces.

Tenemos derecho porque es democrático, es natural y es razonable que los ciudadanos exijan que, ante una crisis de hondo calado como la que sufrimos, haya gobierno. No se trata sólo de pedir responsabilidades al gobierno del señor Chaves. Se trata sobre todo de exigir que Andalucía tenga gobierno, rumbo, brújula y destino. Que Andalucía sea la última o la penúltima región de España en casi todos los indicadores de bienestar no es rumbo adecuado. Que Andalucía se desplome cuando España tropieza es la consecuencia, no tiene más remedio, de un rumbo extraviado.

El Partido Popular tiene, además, derecho, más derecho si cabe, porque antes de decidir ejercer su derecho de manifestación, ha intentado desde el comienzo de la legislatura conseguir un gran pacto económico, social y político para afrontar juntos esta tragedia social. La última vez que se le ha propuesto formalmente al señor Chaves la firma de este pacto ha sido en el Parlamento andaluz hace pocos días y su respuesta, una y otra vez, ha sido negativa y, lamentablemente, despreciativa. La democracia es la sana combinación de gobierno y oposición. Si se pretende anular o ignorar a la oposición, se anula la esencia de la democracia.

Y tenemos derecho a manifestarnos, además, porque Andalucía es la región donde más se sufre la crisis. Estamos hablando de cerca de 900.000 parados y más de 250.000 parados que no cobran seguro de desempleo. Estamos viviendo ya en una situación en que casi 300.000 mil familias andaluzas carecen de ingresos. Que el PSOE pueda manifestarse en la Comunidad Valenciana, con 8 puntos menos de tasa de paro que la nuestra, y que afee al tiempo que el PP se manifieste en Andalucía donde la tasa de paro es la más alta de España, es sorprendente por lo demagógico.

El Partido Popular tiene, sobre todo, un deber político en la convocatoria de esta manifestación. Lo tiene porque es la única alternativa política real con que cuentan los andaluces. Tras 20 años de gestión, no han conseguido que el destino de Andalucía deje de estar entretejido con el atraso y la dependencia. Hasta nuestras pensiones, el importe de nuestro desempleo y nuestros salarios están por debajo de la media española.

Tiene este deber asimismo porque le tocó gobernar España en un tiempo de crisis como fue la que afrontamos desde 1996. Lo tiene porque, con la ayuda de pactos con empresarios y sindicatos, fue capaz de reducir la tasa de paro español desde el 23 por ciento al 15 por ciento y contribuir a la creación de 5 millones de empleos. Lo tiene porque el PSOE de Zapatero heredó una Andalucía con 552.000 parados en 2004 y ha alcanzando en 2009 más de 900.000 mientras que el PP heredó del gobierno González una Andalucía con más de 900.000 parados y redujo ese paro hasta los 552.000. Tenemos este deber porque cuando hemos gobernado sumidos en una crisis hemos sabido qué hacer.

Andalucía necesita una respuesta. Una respuesta que debe comenzar por la obligación de los gobernantes de garantizar la protección a las personas que pierden su trabajo, buscando el acuerdo con las organizaciones sociales, en especial los sindicatos, las organizaciones empresariales y las ONG´s para atender de inmediato a las familias sin ingresos en Andalucía. Una respuesta en la que la Administración Pública debe dar ejemplo de austeridad y eficiencia en el uso del dinero público. Una respuesta que, desde la cooperación de instrumentos públicos y privados, facilite una financiación adecuada para la reactivación económica y la creación de empleo.

Desde el convencimiento de que es posible salir de la crisis y superar el drama social del paro, apelamos al consenso de todas las administraciones y de todas las fuerzas políticas y sociales de Andalucía para alcanzar un Pacto Andaluz por el Empleo que dé salida a esta situación de emergencia social.

Por eso convocamos, con todo derecho y con todo nuestro sentido del deber, a los andaluces, a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios, a los empleados y a los estudiantes, a las familias y a las asociaciones cívicas a sumarse a este compromiso y a hacerlo patente en la Manifestación por el empleo en Andalucía que se celebrará el día 15 de Febrero a las 11:15 horas en la Plaza de la Constitución de Málaga.