Los secretarios judiciales se alían con el Gobierno frente a los jueces

Las asociaciones profesionales de secretarios judiciales están en contra de la convocatoria de huelga que defiende un sector minoritario de la judicatura. Así se lo hicieron saber ayer al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con el que se reunieron por espacio de cuatro horas.

Superado ya el malestar que provocó entre los secretarios judiciales la suspensión impuesta a la funcionaria del 'caso Mari Luz', que acabó con la convocatoria de un paro el pasado 21 de octubre, las asociaciones salieron de la entrevista «razonablemente satisfechas» con el nuevo papel que les concede el Gobierno en la futura oficina judicial, cuya reforma será aprobada por el Congreso en el mes de junio con la intención de que entre en vigor, al menos en parte, el 1 de julio, según confirmaron fuentes del grupo socialista.

Éste y otros asuntos más polémicos, como la legalidad de la huelga del 18-F, serán debatidos en el Congreso durante las comparecencias en la Comisión de Justicia del ministro Fernández Bermejo, fijada para el 11 de febrero, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar.

El 'patrón' de los jueces pisará la Cámara Baja por vez primera desde que fue elegido en un día sin concretar aún, aunque seguro que antes del paro judicial. Después, según aprobó este martes la comisión, lo harán los portavoces de las cuatro asociaciones judiciales.

Antes de que Dívar comparezca en el Congreso, el Poder Judicial ya habrá debatido la legalidad o no de la huelga prevista por un tercio de la carrera judicial. Será el próximo lunes 9 en un pleno extraordinario que quizá será, según fuentes del Consejo, «uno de los más importantes de los últimos años».

Los veinte vocales y su presidente tendrán que tomar una decisión sobre la que no hay marco legal ni antecedentes: si un Poder del Estado tiene derecho o no a la huelga.