El Defensor del Pueblo detecta malos tratos en los centros de menores

Las quejas de algunos padres y de no pocos educadores llevaron al Defensor del Pueblo a echar un vistazo a los centros para menores problemáticos. Lo que ha visto en 27 de los 58 centros que hay en España provoca escalofríos. Existen celdas de castigo siniestras, uso desproporcionado de la fuerza, sedaciones dudosas y vulneración frecuente de los derechos de los menores.

El resultado son 469 páginas que presentan un cuadro bastante negro y que demuestra la falta de un sistema de atención coherente, homogéneo e integrado para menores problemáticos. Cada comunidad autónoma es un mundo, la normativa es dispersa y cada centro sigue su propio protocolo sin apenas supervisión oficial.

Hay de todo, desde pseudocárceles hasta chalés idílicos en medio de la naturaleza, pero todos parecen aparcaderos de chavales desnortados más que centros de recuperación. En general, faltan plazas, hay listas de espera y, a menudo, se mezclan jóvenes que necesitan ser reformados con otros que han de ser protegidos; adolescentes con cuadros psiquiátricos clínicos, otros con problemas de adicción a las drogas, asociales, delincuentes o víctimas de familias degradadas. Una cuarta parte son menores inmigrantes. El trabajo retrata 27 centros de casi todas las comunidades autónomas. Sólo tres son de titularidad pública. En la mayoría, la gestión es privada delegada desde la administración autonómica, aunque no parece ser relevante para su buen o mal funcionamiento.

Sin generalizar, los casos más graves descritos en el informe hablan de menores atados por las muñecas con correas, castigados sin salir durante días y de celdas de aislamiento «atroces» rebautizadas con eufemismos imaginativos como salas de agitación, de reflexión, de tiempo fuera o espacio libre de estímulos para los momentos de crisis.

Capítulo aparte merecen las actuaciones para reducir a algún joven violento o en shock. Con frecuencia las «contenciones físicas» por parte del personal de seguridad van cargadas de «agresividad desproporcionada». En el centro Baix Maestrat, de Castellón, un vigilante fracturó un brazo a un chico al tratar de reducirle. En las crisis también se abusa de la medicación y los sedantes, utilizados hasta en un 75% de los casos, y «no siempre» existe un protocolo claro de intervención clínica previamente establecido.

El retrato robot del menor ingresado en uno de estos centros es el de «un adolescente varón, español, de entre 13 y 18 años de edad, tutelado por la Administración y que padece algún trastorno de conducta», recalca el estudio.