Quiebra judicial

La decisión de dos de las cuatro asociaciones judiciales de romper la unidad de acción en sus reivindicaciones ante el Gobierno y de secundar el paro anunciado para el 18 de febrero que han apoyado ya casi 900 jueces sin afiliación introduce una grave quiebra en la carrera, sometida a un tensionamiento inédito por la amenaza de huelga. El giro protagonizado por los miembros de Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente, que han justificado su postura en el «fracaso absoluto» de la primera y única reunión celebrada con el ministro Bermejo para afrontar la modernización de juzgados y tribunales, sólo puede entenderse ante el surgimiento de un activo movimiento de protesta, articulado juez a juez por las vías de comunicación internas, que ha sobrepasado a las asociaciones. Ni el hecho de que el encuentro en el ministerio no redundara en ningún acercamiento de calado, ni la temeraria asunción por parte de los colectivos profesionales de la legitimidad de la huelga -aunque sea retrasar su convocatoria al 26 de junio-, justifican el paso dado por los discrepantes, que al sumarse a quienes apuestan por el paro han conferido al mismo un aliento más amplio, formal y articulado. Las consecuencias de llevar al límite unas reivindicaciones razonables en origen sobrepasan el notorio riesgo de división en el colectivo judicial, al proyectarse sobre la desconfianza que ha anidado en parte de la sociedad hacia una Administración consagrada a prestarle su servicio. Porque resulta difícilmente explicable que la posibilidad de ir a la huelga, avalada en estos momentos por un tercio de la carrera, esté ganando enteros cuando ni siquiera quienes están llamados a ejercer ese derecho, más que dudoso legalmente, mantienen posiciones unívocas sobre el mismo. Como lo es que se pretenda buscar la comprensión de la ciudadanía hacia la necesidad de acabar con el riesgo perenne de colapso promoviendo un paro que sólo intensificará el atasco judicial. La consumación de la amenaza, con la representatividad de las asociaciones en entredicho y los jueces enfrentados, situaría un conflicto aún negociable ante un punto de difícil retorno si prima el criterio que antepone la consideración de la Justicia como servicio público a la de poder del Estado. Ambas características son indivisibles. Olvidarlo podría acabar suponiendo, entre otras cosas, renunciar al deber y al derecho a la independencia.