Justicia con límites
La decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite una querella interpuesta por la muerte en 2002 de catorce civiles como consecuencia del lanzamiento de una bomba de gran potencia por parte de la aviación israelí sobre Gaza se atiene a Derecho. Aunque la circunstancia de que vaya dirigida contra siete altos responsables israelíes, entre los que figura quien entonces ocupaba la cartera de Defensa, Benjamín Ben-Eliezer, comporte un problema para las relaciones entre ambos estados. Problema que el Gobierno español deberá atemperar en el ámbito diplomático sin interferir en la independencia judicial. El desarrollo de acciones militares de réplica al terrorismo palestino o de prevención de los ataques de éste ha dado lugar a que Israel interiorice como una conducta normal la utilización de medios expeditivos para obtener el fin que pretende. Ello hace olvidar a las autoridades del Estado de Israel que tienen la obligación de proteger la vida y la integridad de todos los seres humanos que habitan dentro de sus fronteras, incluidos los palestinos de Gaza.
Actualizado: GuardarQue Israel no haya dado respuesta a la comisión rogatoria dirigida desde la Audiencia Nacional para conocer si existe o no algún procedimiento abierto en dicho país por tal causa permite suponer que el Ejecutivo israelí se opondrá tajantemente a la iniciativa del juez Andreu. Pero, a pesar de ello, la admisión de la querella exige que la Audiencia Nacional sea capaz de alcanzar algo más que un eco testimonial en el esclarecimiento de lo sucedido y en la identificación judicial de sus responsables. Máxime si se tiene en cuenta que representa una invitación a que personas y familias afectadas por hechos similares, sin ir más lejos los acaecidos durante la última ofensiva israelí sobre Gaza denominada 'Plomo fundido', se personen también ante la Audiencia Nacional reclamando la apertura de una causa contra los sucesivos responsables de las fuerzas armadas y del Gobierno de Tel Aviv. Porque si de lo que se trata es de dejar en evidencia la indiferencia israelí ante tan grave ataque contra la vida de seres humanos hacinados en un edificio de Gaza, ello competería en todo caso a las instancias políticas y no a la jurisdicción especial que representa la Audiencia Nacional.
