Opinion

Batasuna detenida

La detención de ocho destacados militantes de la izquierda abertzale por orden del juez Garzón queda pendiente de que éste precise el motivo de la puesta a disposición judicial de los arrestados, aunque todo indica que la operación trata de desbaratar un nuevo intento por dar continuidad a Batasuna mediante el mantenimiento renovado de su llamada Mesa Nacional. La perpetuación de una estructura centralizada que garantice la emisión de mensajes y el control sobre sus bases constituye una necesidad de la formación ilegalizada en combinación con las plataformas que, desde supuestas intenciones electorales, acostumbra a presentar la izquierda abertzale. Pero la existencia de una voluntad única o coincidente en los distintos esfuerzos por reactivar la trama radical no debe llevar ni a la información que circule ni a los representantes políticos a confundir los tres planos en los que el Estado de Derecho afronta el desafío que representan los intentos de continuidad de Batasuna: el derivado del Código Penal en tanto que se considere la pertenencia de las organizaciones de la izquierda abertzale a ETA, el que aplica la Ley de Partidos cuando esas organizaciones prestan cobertura política a la sinrazón terrorista y el referido al proceso electoral si aparecen agrupaciones de electores o siglas previamente registradas que prolonguen la existencia de Batasuna ante unos comicios.

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De hecho conviene precisar que los indicios y pruebas que la Policía Nacional pueda extraer en el cumplimiento de la orden dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 pertenecen a la actuación que en el ámbito penal sigue su titular, y que sólo previa decisión de éste podrían ser puestas a disposición de cualquier otro procedimiento, incluida la impugnación de las plataformas o listas que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado identifiquen como continuación de Batasuna.