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Pacto a encauzar

El nuevo modelo de financiación autonómica remitido ayer por el vicepresidente Solbes a las comunidades autónomas permite al Gobierno cumplir con su compromiso de formalizaría su propuesta antes de finalizar el año, en busca de un acuerdo de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para finales de enero. El documento tiene la virtualidad de dar carta de naturaleza a la consecución de un pacto que se vislumbraba sumamente complicado. Sin embargo, la falta de cifras, la ambigüedad en torno a algunos aspectos sujetos a controversia entre los distintos ejecutivos autonómicos y el desajuste aún presente entre las aspiraciones territoriales y las posibilidades reales de cerrar un arreglo satisfactorio anticipan que unos y otros tratarán de apurar sus expectativas en una negociación que se va desbrozando, pero sin estar aún plenamente encauzada. La garantía de que cada ciudadano disfrutará de la misma financiación para los servicios públicos se acompaña en el plan del Gobierno de la voluntad de ensanchar hasta el 90% la suficiencia de los recursos de las autonomías con respecto al Estado, ampliando los impuestos cedidos y reforzando la capacidad normativa propia; un planteamiento que resulta coherente con las crecientes competencias que han ido siendo asumidas por los gobiernos territoriales y con la necesidad de adecuar los recursos disponibles a las nuevas demandas sociales. Junto a ello, la novedad que supone la habilitación de un fondo de convergencia abriría una vía para tratar tanto de compensar a aquellas comunidades que perciben una financiación per cápita por debajo de la media o de su capacidad fiscal, como de equilibrar la situación de las que disponen de menor riqueza.

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La falta de concreción de algunos de los aspectos esenciales de la nueva financiación, de su volumen y de sus criterios de reparto, en los que aún no se ha especificado cómo se modulará la variable principal de la población, justificaría la cautela e incluso la renuencia con las que algunas autonomías han recibido la propuesta del Ejecutivo. Con todo, los recelos que siguen despertando en otras administraciones las reivindicaciones de Cataluña no deberían presuponer que el resultado final de la negociación estará escorado hacia los intereses de esa comunidad, ni tampoco minusvalorar los avances que pueda incluir el nuevo modelo porque éste coincida en determinados aspectos con las previsiones del Estatuto catalán. Pero también y de la misma manera, la Generalitat debería renunciar a escudarse en la literalidad del texto estatutario, máxime cuando está aún pendiente de revisión por el Constitucional, para no revisar aquellas exigencias planteadas como irrenunciables. Si algo está demostrando el proceso negociador es que es la flexibilidad realista en la defensa institucional de los intereses de cada comunidad, por encima de los presupuestos partidarios, lo que permitirá caminar hacia un acuerdo que la inminente entrada de la economía española en recesión hace aún más apremiante.