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Un menor rumano reconoce que ha pagado 2.000 euros por tener un carné de conducir

La Guardia Civil lo localizó cuando trataba de averiguar cómo había llegado un grupo de vendedores ambulantes para trabajar en Zahara

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No es el primer pufo que se descubre en torno a las licencias y permisos de conducir que circulan en manos de los inmigrantes. Muchos recurren incluso a mafias organizadas que les llegan a facilitar falsos aspirantes para que hagan los exámenes en lugar de ellos a cambio de dinero. Es la salida a la que optan aquellos que necesitan ponerse al volante, pero no pueden superar barreras como la idiomática. Pero en este último ejemplo destapado en Zahara de la Sierra, el conductor ni siquiera tiene la edad mínima reglamentaria para ser conductor.

Su carné a la carta fue descubierto por una patrulla de la Guardia Civil que había sido requerida, sobre las cinco y media de la tarde del pasado martes, para que identificara a un grupo de vendedores ambulantes que estaba trabajando en la calle sin permiso.

Los vendedores eran de nacionalidad rumana y al ser preguntados por su origen y cómo habían recalado en la localidad serrana, comentaron que habían tomado un autobús de línea en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) que les había llevado hasta Zahara. Como no existe ninguna ruta entre ambas localidades, la Guardia Civil prosiguió con las indagaciones hasta dar con el vehículo que habían utilizado para desplazarse hasta la provincia.

Era un Ford Scort con matrícula de Madrid, cuyos datos fueron cotejados para saber si constaba como robado. Pero la investigación deparó otra sorpresa. Los agentes dieron con el conductor del vehículo, quien aportó una documentación que generó sospechas de que pudiera estar falsificada.

Se trataba de un joven, que fue trasladado al cuartel donde se culminaron las labores de identificación. Allí confirmaron que el joven que ejercía de conductor es menor de edad y, por tanto, no podía tener un permiso en vigor.

El adolescente terminó relatando a los guardias que lo había comprado en Sevilla a un ciudadano marroquí a cambio de 2.000 euros. Tras esta declaración fue puesto a disposición de la Fiscalía, imputado en sendos delitos contra la Seguridad del Tráfico y falsedad documental.