El supuesto violador de una joven de 17 años dice que hubo sexo consentido
A puerta cerrada por petición de la acusación, se celebró ayer en la Sección Cuarta de la Audiencia el juicio contra un vecino de El Puerto, Miguel Ángel J. G., quien está acusado de haber violado en el año 2004 a una adolescente de 17 años, a la cual atacó supuestamente en el interior de una casa de campo que tiene el procesado en la localidad portuense. La Fiscalía mantuvo su petición inicial de siete años de prisión por un delito de agresión sexual, pese a que en la vista oral la acusación sólo pudo aportar como prueba el testimonio de la víctima.
Actualizado: GuardarAhora el tribunal deberá valorar cuál de las dos versiones está más cargada de verosimilitud. Si la del acusado, que reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la chica pero que fueron consentidas, o la de la joven, quien declaró que fue forzada contra su voluntad. Ya en la fase de investigación, la jueza que instruyó el caso ordenó el archivo por falta de pruebas. Pero el procedimiento se reactivó a petición de la Fiscalía y la acusación particular, que plantearon sendos recursos contra esta decisión.
A solas
El supuesto agresor era amigo de un tío de la víctima. Ambos se conocía desde hacía poco tiempo, pero un percance familiar, según la declaración de la víctima, le llevó la tarde del 7 de septiembre de 2004 a la casa de campo de Miguel Ángel J. G. en compañía de una tía suya. Cuando los dos se quedaron solos, según el testimonio de la joven, el acusado la cogió por los brazos, la tiró al suelo, le subió el traje, le quitó las bragas y la penetró vaginalmente.
Pese a la violenta escena, los facultativos que asistieron a la chica no detectaron ninguna lesión que acreditara que había sido forzada. La víctima explicó ayer que en un primer momento intentó resistirse, pero al comprobar que no podía vencer a su agresor, optó por dejar que consumara la violación por miedo a que le hiciera daño.
Sin testigos directos de los hechos y sin otras pruebas alternativas, el juicio se puso muy cuesta arriba para la representación letrada de la joven, quien salió de la sala llorando.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público ha solicitado en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 3.000 euros para la víctima. El acusado se encuentra en libertad desde el mismo día que pasó a disposición judicial en el año 2004, tras ser arrestado por la Policía.
