Falla Constitucional

l trigésimo aniversario de la Constitución ha coincidido con los días en los que se cumple un año desde que el Alto Tribunal encargado de interpretar su articulado entrara en un anómalo período de práctica interinidad. La situación permite concluir que el estado en el que se encuentra el TC es, por así decirlo, la única falla seria que presenta la Constitución después de treinta años de vigencia. El déficit de credibilidad que soporta una institución de tanta relevancia sometida al pulso partidario afecta a la legitimación social de sus resoluciones. Sentencias que no son objeto de especial contestación cuando su contenido sintoniza con el consenso político general, pero que en casos como los del Estatuto de Cataluña o el establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica podrían ser abiertamente cuestionadas, incluso mediante llamadas al desacato o a la confrontación entre legalidad constitucional y legitimidad popular. Esta última situación viene siendo apuntada de forma reiterada por representantes del nacionalismo catalán. Hay razones para pensar que ni el Gobierno ni el PP están interesados o en condiciones de proceder a la preceptiva sustitución de cinco de los doce magistrados del TC, la presidenta y el vicepresidente entre ellos, antes de que el Alto Tribunal se pronuncie respecto a los recursos interpuestos contra el Estatut, especialmente respecto al presentado por el Partido Popular. A estas alturas puede tratarse de un desenlace inevitable, que no por ello minimiza los riesgos apuntados ni despeja el temor a que la designación, cuando se produzca, de los nuevos magistrados obedezca férreamente a intereses partidarios con merma para la independencia y la calidad jurídica del TC. Pero si el proceder de quienes hoy componen el Alto Tribunal no lo remedia en los meses que les queden de mandato a casi la mitad de ellos, y si el PSOE y el PP persisten en repartirse los puestos a renovar sin preocuparse por la solvencia profesional de quienes designen para ocuparlos, la erosión del TC puede ir a más, de tal modo que la única solución que quedaría sería la revisión del basamento constitucional y legal del que parten su elección y su funcionamiento.