Los funcionarios sólo vigilaban cuatro GPS cuando un preso mató a su novia

Los funcionarios sólo tenían que controlar los GPS de localización de cuatro personas el día que falleció una mujer en A Lama (Pontevedra) a manos de su ex marido, según se supo ayer. «Aunque los sistemas de control funcionan, a veces pueden producirse fallos humanos al no percatarse de que se está produciendo una situación que debe ser controlada», dijo la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

Gallizo reconoció ayer que se produjo un «fallo humano» en el último caso de violencia doméstica, cuando los funcionarios de la Unidad Central de Vigilancia Electrónica no detectaron el aviso de que Maximino Couto, un preso con permiso carcelario, se había arrancado el sistema GPS. La responsable de Interior aseguró que el error fue «sin malicia» y anunció que se pondrán en marcha medidas para evitar que se repita un caso similar. Según explicó Gallizo en una visita al Centro Penitenciario Psiquiátrico de Sevilla, el dispositivo electrónico de seguimiento funcionó correctamente y el GPS emitió la señal de alerta en el momento en el que el presunto asesino se lo arrancó, aunque por motivos que aún se desconocen los funcionarios encargados de esta vigilancia en Madrid no oyeron el aviso.

En este sentido, apuntó que la intensidad de la señal sonora cuando el preso manipula o se quita el dispositivo es menor que cuando se aproxima a la persona protegida. Una vez libre del GPS, Couto intentó atacar a su ex mujer, que estaba fuera del domicilio en ese momento. Sí se encontraban en casa dos vecinos que habían testificado contra él en el juicio por malos tratos y a los que apuñaló tras quitarle la vida a su actual compañera sentimental, quien había intercedido para conseguirle un permiso penitenciario.

Tras resaltar que «no se trata, entre comillas, de echarle la culpa a nadie, porque hay que ver la responsabilidad que cada cual tiene», subrayó que «aún no ha concluido el análisis de cómo se produjo el error humano, que deberá ser analizado en su justo término». Gallizo insistió en que «lo que tiene que preocuparnos es cómo reforzar nuestro sistema y garantizar que aunque se produzcan fallos haya otros sistemas complementarios de control». Por este motivo, reiteró que se van a poner «los medios al alcance para evitar que esto se pueda repetir, porque tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas». Y apostilló que «si hay que poner cuatro ojos para que vean más que dos, se pondrán».

«Todas las cautelas»

La responsable de Instituciones Penitenciarias se refirió además a la concesión de un permiso carcelario al presunto agresor, que finalizaba su condena en menos de un mes, y aseguró que «se pusieron todas las cautelas y sistemas de control». Gallizo defendió la labor de su departamento destacando la «rigurosidad» en la concesión de permisos, «que se analizan con mucho cuidado para poner en marcha todos los mecanismos de control», y consideró que «no somos permisivos con los reclusos que representan un riesgo».

En la tarde de ayer se celebró el sepelio de María Rosario Peso André. El entierro, al que asistieron representantes de la corporación municipal de Ponte Caldelas (Pontevedra) y numerosos vecinos y familiares de la víctima, se llevó a cabo en el cementerio parroquial de Tourón, de donde era vecina la fallecida. Para esta tarde se ha convocado una concentración silenciosa de repulsa.