El incierto futuro de las fosas

Son ya 110 las fosas comunes susceptibles de albergar restos de republicanos represaliados que esperan que el galimatías judicial organizado en la Audiencia Nacional se desenrede. O no, porque con o sin sustento judicial las exhumaciones se siguen realizando.

El juez Baltasar Garzón ya ha autorizado la exhumación de 61 osarios, pero la Sala de lo Penal paralizó las excavaciones el pasado 7 de noviembre, y ayer se limitó a ratificar esa orden.

Con la ley en la mano, ahora su futuro queda de nuevo en manos del juez Baltasar Garzón, declarado incompetente para intervenir. Este fin de semana se practicarán nuevas excavaciones en Burgos y Badajoz, entre otros puntos del territorio nacional.

La próxima semana, el juez Garzón recibirá el auto con el que la sala le retira la competencia para investigar en un único sumario los crímenes del franquismo, para que actúe en consecuencia. «En puridad, debería limitarse a archivar la causa por falta de competencia», explicó uno de los magistrados de la sala que votó a favor de extrañar el franquismo del tribunal central.

Archivar la causa no es inhibirse en los juzgados ordinarios más próximos a cada fosa, es cerrarla y enterrarla en el fondo de un cajón, añade ese magistrado. Pero no implica dejar sin respuesta a las asociaciones o a los familiares que creen saber donde están enterrados sus antepasados. Vía diligencia de previsión, el juez Garzón puede remitir a cada uno de esos jueces locales las peticiones concretas de los afectados.

Otra vía es la denuncia. La Audiencia Nacional hizo ayer casi imposible que algún día haya una gran investigación penal por los crímenes del franquismo, pero según un fiscal de este tribunal, nada impide a los familiares denunciar la desaparición o asesinato de sus antepasados, lo que obligaría al juez predeterminado por la ley a investigar. «La Fiscalía apoyará esos casos», añadió.

Un juez de Madrid defendió ayer esta segunda opción. En su opinión, una cosa es recibir una denuncia para investigar una fosa común y otra muy distinta que la Audiencia Nacional riegue por todo el territorio voluminosos sumarios para investigar el franquismo por un delito de genocidio.

Lo cierto es que este segundo modelo no ha funcionado, y ése es uno de los motivos por el que muchas asociaciones de familiares o defensoras de la recuperación de la memoria histórica acudieron a la Audiencia Nacional. Ahora, vuelta a empezar. Eso sí, con o sin respaldo judicial, las exhumaciones continuarán.

José Luis Muga, abogado de la Federación de Foros por la Memoria Histórica, garantizó ayer que las asociaciones que él asesora seguirán abriendo fosas y espera que desde las distintas administraciones públicas den todas las facilidades posibles para llevar a cabo estas exhumaciones, como así garantiza la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007.