Razones de prudencia

El retroceso que las bolsas han experimentado en los últimos días refleja un movimiento global, aunque la tendencia de cada parqué proyecte también las vicisitudes por las que atraviesa cada país y cada firma cotizada en él. Pero si algún fenómeno general trasluce la caída de los valores bursátiles es el acceso inmediato a la liquidez en medio de las dificultades que entraña la búsqueda de otras fuentes de financiación. Sería simplista convertir, sin más, este fenómeno en un argumento añadido para demandar que las entidades financieras abran la mano facilitando el dinero que necesitan la inversión y el consumo. Sin embargo, conviene recordar que el fin último de la compra de activos a la que el Estado dio inicio ayer con la adjudicación en subasta de 2.115 millones de euros a las ofertas presentadas por 23 de las 28 entidades que decidieron concurrir a la misma no es otro que estimular el crédito a empresas y familias. Lo cual no quiere decir que esta financiación deba propiciarse con la alegría con la que circuló el dinero en la última etapa de crecimiento, sino todo lo contrario.

La solvencia de los demandantes de créditos al consumo y la viabilidad de los proyectos empresariales para los que se solicite financiación bancaria han de constituir una garantía fuera de toda duda razonable para que el incremento de la liquidez no induzca efectos nocivos en un mercado tan ávido de dinero. Una vez que ha comenzado a conocerse qué entidades han logrado colocar activos a cambio de dinero público y en qué cuantía, la máxima transparencia al respecto, acortando si fuera preciso los plazos previstos para la publicación de los datos concretos, contribuiría a disipar cualquier recelo o suspicacia al respecto. El presidente Rodríguez Zapatero reiteró ayer sus compromisos respecto al incremento del gasto destinado a pensiones mínimas, dependencia, becas, prestaciones por nacimiento y ayudas para el alquiler de vivienda, apuntando por primera vez que el déficit público podría alcanzar el 4,2% en 2009. Pero los costes sociales derivados de la propia crisis pueden ser tan onerosos para las arcas del Estado que igual de arriesgado resulta hoy obstinarse con el cumplimiento de determinadas promesas formuladas de cara a las elecciones del pasado marzo, como contemplar con demasiada naturalidad una superación tan holgada del 3% de déficit fijado en el Pacto de Estabilidad.