El Senado duda de varios candidatos al Constitucional
Entre los aspirantes cuestionados está Enrique López, respaldado por el PP y vetado por el Gobierno
Actualizado: GuardarEl Senado acordó ayer pedir informes suplementarios a siete parlamentos autonómicos sobre cuatro de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional. Entre los afectados está el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, avalado por el PP y rechazado por el PSOE.
La renovación de la corte constitucional, pendiente desde hace diez meses, lleva el camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. El Senado tiene en su poder desde hace casi un mes los nombres de los 23 candidatos elegidos por los parlamentos regionales, pero aún no ha resuelto si cumplen las condiciones exigidas para el cargo.
En realidad, la Mesa de la institución no quiere someter a votación en el pleno los nombres de cuatro candidatos sin garantías de que sean elegidos.
Así las cosas, el Senado se dedica a ganar tiempo hasta que los dos grupos mayoritarios lleguen a un entendimiento. Primero, solicitó a los servicios jurídicos de la cámara un informe, pero los letrados alegaron que no podían cumplir la misión y devolvieron el encargo a la Mesa.
El órgano rector de la cámara ha solicitado ahora a los parlamentos autonómicos «un complemento de información», en palabras del vicepresidente de la Mesa Isidre Molas, que estudiará a partir del 4 de noviembre, con la esperanza de que para entonces socialistas y populares consigan entenderse.
Los responsables de la cámara alta dudan de la idoneidad de López, así como de la de dos candidatos propuestos por el PSOE, Juan Carlos Campo y Fernando Valdés, elegidos por los Parlamentos de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, y el designado por la cámara de Vitoria a propuesta del PNV, José Luis Aurtenetxe. Los datos referidos al ex portavoz del CGPJ tendrán que ser cumplimentados por los parlamentos de Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Madrid y Cantabria, que le dieron su aval.
La Mesa del Senado, con los datos que tiene, no puede certificar que los cuatro lleven 15 años de ejercicio ya que alternan periodos de desempeño profesional como jueces o letrados con años en comisión de servicios en distintas instituciones nacionales o autonómicas, y no hay un criterio definitivo sobre si esas actividades se computan como ejercicio efectivo.
El problema de fondo es que PSOE y PP no están de acuerdo. Los socialistas rechazan a los dos aspirantes propuestos por la oposición, López y el ex presidente del CGPJ Francisco Hernando, por su beligerancia hacia el Ejecutivo. El PP no cede y recuerda que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron no vetar nombres.
