Desigual justicia
La lamentable cadena de negligencias que facilitaron que un pederasta reincidente que debía estar en prisión siguiera en libertad y acabara con la vida, presuntamente, de la niña Mari Luz Cortés no ha suscitado la respuesta que cabría esperar del Estado de Derecho a fin de tratar de resarcir, al menos en lo que se refiere al deficiente funcionamiento de la Administración judicial, el daño causado a la víctima y su familia. La decisión del Ministerio de Justicia de suspender durante dos años de empleo y sueldo a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, por el retraso injustificado en la ejecución de la sentencia que hubiera conducido a Santiago del Valle a la cárcel, depura las responsabilidades en que pudo incurrir la funcionaria al no actuar con la exigible diligencia para hacer cumplir la condena impuesta al imputado por un delito tan grave como haber abusado de su propia hija. Pero la adecuación de esta sanción al irreparable perjuicio provocado subraya aún más si cabe el desconcierto que suscita que el Consejo del Poder Judicial multara con tan sólo 1.500 euros por falta grave al titular del Juzgado, Rafael Tirado, desoyendo la petición de la Fiscalía para que se le apartara tres años de su trabajo.
Actualizado: GuardarLa disparidad de ambas medidas acentúa el sesgo gremial que se le ha atribuido a la resolución del Consejo, dado que resulta difícilmente comprensible que la desatención en sus funciones achacada a Tirado haya acabado redundando en un castigo mucho más leve que el impuesto a la secretaria judicial. Con el agravante de que los mecanismos disciplinarios puestos en marcha no han servido para aclarar con exactitud qué falló al margen del error humano y cuáles eran las carencias del juzgado, cuyos cuatro funcionarios fijos han mostrado ya su disposición a cambiar de destino. La endémica limitación de recursos que arrastra la Administración de Justicia en nuestro país, la falta de cualificación de la mayor parte de las plantillas y el lastre de la elevada interinidad no justifican la comisión de omisiones tan desgraciadas como las del caso Mari Luz. Pero sí apelan a que el Estado disponga de los medios precisos para poner en marcha con garantías la oficina judicial, dado que sin ellos y sin un mayor compromiso de los jueces con sus propias responsabilidades, los secretarios y el resto de los funcionarios no estarán en condiciones de asumir las competencias que se les requieren.
