La Fiscalía del Estado cuestiona la política penitenciaria del Gobierno por ineficaz

La Fiscalía General del Estado ha puesto en duda, por su ineficacia, la gran apuesta del Gobierno para tratar de frenar el cada vez mayor hacinamiento penitenciario: las políticas de cumplimiento de penas por sistemas alternativos a la prisión, en libertad pero bajo medidas de control.

La memoria del Ministerio Público, conocida el lunes, critica la imposición «masiva» de penas de trabajos en favor de la comunidad y recuerda a los responsables del Ministerio de Interior que las condenas fuera de las cárceles provocan multitud de irregularidades e incumplimientos.

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, insistió ayer mismo ante el Congreso en que la única salida a la superpoblación carcelaria son esas «penas alternativas», aunque admitió por primera vez la posibilidad de proyectar más cárceles a pesar de que ni siquiera los nuevos centros prometidos en noviembre de 2005 están operativos y, en muchos casos, ni han empezado a construirse.

La Fiscalía es tajante: hay un «colapso» por el exceso de penas alternativas a la cárcel que amenaza con «influir negativamente en el buen funcionamiento» del sistema penitenciario.

Gallizo reconoció ayer martes ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que el 43,5% de la población penada española está bajo «medidas alternativas», lo que supone que 39.355 internos disfrutan de algún tipo de régimen abierto.

A pesar de la crisis económica y los problemas de Interior para edificar los centros ya aprobados, las fiscalías provinciales se muestran «unánimes» en proponer una solución: «es imprescindible la construcción de nuevos centros penitenciarios para evitar el hacinamiento». Y defienden su criterio por «las dificultades que presenta» el cumplimiento alternativo de la pena, sobre todo el control real de esas medidas.

«Es frecuente la no presentación del penado ante los servicios sociales penitenciarios», critica la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que señala que también se dan numerosos casos en los que los reclusos utilizan la escusa del trabajo fuera de la prisión para huir.

La Fiscalía Delegada de Vigilancia Penitenciaria asegura haber detectado una conducta recurrente entre los reclusos para aprovecharse de este tipo de penas abiertas: «inicialmente la aceptan para evitar una condena de privación de libertad», pero luego el interno «se muestra renuente a hacer efectiva la pena, no presentándose o alegando circunstancias impeditivas más o menos justificadas que obstaculizan el normal desarrollo de la ejecución de la misma».

El Ministerio Público denuncia falta de colaboración de las diferentes administraciones, carencias de plazas de cumplimiento en el medio libre y, sobre todo, que «los trabajos que realizan los penados no tienen ninguna relación con la actividad delictiva» por la que terminaron entre rejas y contra la que debe combatir este tipo de reinserción.

La Fiscalía critica asimismo que las condenas en libertad son violadas sin que haya un castigo. «Existe una ausencia de procedimiento para su concreta ejecución que, entre otras dificultades, provoca la impunidad pues es difícil determinar en qué momento debe tenerse por quebrantada la pena».

«Último recurso»

La responsable de prisiones, ajena a las críticas de la Fiscalía, insistió en que su política penitenciaria mantendrá la premisa básica que guía su gestión desde que tomó posesión en 2004: el recurso a la cárcel de ser la «última» y no la «única» forma de «penalizar las conductas que se desvían de la norma».

Mercedes Gallizo compareció en la cámara baja con el panorama penitenciario más desalentador desde la dictadura franquista. Sólo en los ocho primeros meses del año la colonia reclusa en los 79 centros del país ha crecido en 4.740 miembros y se espera terminar el año con algo más de 7.000 nuevos internos. De seguir a este ritmo, 2008 doblará sobradamente el crecimiento del año anterior, cuando el colectivo subió en 3.079 personas. Sólo entre enero y agosto ya se ha superado en un 53% el total del año pasado.

La responable de Prisiones reconoció que es posible que el Gobierno tenga que construir nuevas cárceles, pero alerto de que «nunca se llegará a proyectar el número suficiente de centros para hacer frente a esta situación» y reiteró que deben mantenerse las penas alternativas porque de no ser así, advirtió, el gasto público en las cárceles se desbocará hasta límites no conocidos.