Cartas

Por una digna sepultura

La transición, no tan idílica, tuvo evidentes logros, pero sustrajo la memoria de los muertos violentamente y el dolor de sus seres queridos no fue reparado como exige todo auténtico Estado de Derecho.

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Quienes dieron sus vidas en España durante la guerra de 1936 y fueron víctimas de la represión posterior tienen derecho a que sus restos, abandonados en 800 fosas en todo el país, les sean devueltos a sus familiares y a reposar en una digna sepultura.

No son cortinas de humo el hecho de reabrir heridas que difícilmente pueden ser reabiertas si no fueron cerradas.

Una consideración que no sólo les fue negada durante la dictadura, sino después del pacto de silencio. Siempre será justa la reconciliación, pero nunca el memoricidio más inócuo.

La promulgación de la Ley de la Memoria Histórica y una disposición judicial, más reciente aún, no deberían encrespar el ánimo de nadie. Los muy respetables ideales de innumerables hombres y mujeres son dignos del mayor respeto, tras los horrendos paseos como las pantomimas de juicio.

¿Qué tipo de revanchismo o afán de protagonismo puede albergar enterrar unos restos mortales...¿Todos! ¿Setenta y tantos años de que se les privara de la vida, cuando además con anterioridad fueron cruelmente torturados? ¿Por qué, desde ámbitos muy concretos, puede ni tan siquiera llegar a pensarse que actos de estricta justicia puedan hacer peligrar la paz y la unidad de España? ¿No es quizás cristiano, humano y por ende moral o ético hacer viable el llevar a cabo un ejercicio de una siempre anhelada generosidad de la que tan faltos estamos?

Un postrero testimonio de respeto a quienes se les quiso privar de los que jamás perdieron su dignidad.

Ahí están los testimonios, entre otros de escritores conservadores y católicos, o la frase del español Ignacio Martínez de Pisón: «Mientras no se haya sepultado dignamente a los muertos, seguirán vagando sus fantasmas y no se cerrarán las heridas».

Alfonso Aguirre Cabezas. Puerto Real