La polémica sobre el futuro de edificios públicos replantea el modelo urbanístico de la ciudad

Administraciones públicas de diferente color enfrentadas, arquitectos que con argumentos profesionales discrepantes y ciudadanos que se aferran a los edificios que entienden que tienen mayor valor histórico para la ciudad están poniendo en evidencia que el modelo urbanístico de Cádiz genera debate. En la lista de edificios que podrían caer bajo la piqueta de primeros del siglo XXI se encuentran la Aduana, la Audiencia Provincial, la Escuela de Náutica y el edificio de la Seguridad Social. Este último es el único representativo del acuerdo social, ya que todos coinciden en que no merecen defensa, ni desde el punto de vista estético, ni funcional ni histórico.

El edificio que levantó la primera polémica -aún sin resolver- fue el de la Aduana, cuando en 2002 la voz del arquitecto José María Esteban se levantó en favor de su protección. El año pasado, estas defensas se convirtieron en una protesta formal materializada en unas 3.000 firmas, recabadas por el Foro Contra el Derribo de la Aduana, cuando se supo que el proyecto de la plaza de Sevilla incluía su derribo. En este caso, el Ayuntamiento está a favor de la piqueta, porque así se pronunció cuando aprobó el proyecto de la plaza, y el Foro apela a la Junta para que proteja la construcción declarándolo Bien de Interés Cultural (BIC), por la vinculación histórica que éste ha tenido en la vida comercial y naval de la ciudad. Aún no se sabe si obtendrá esta calificación, a pesar de la intervención del mismo Defensor del Pueblo Andaluz.

El último en saltar a la palestra ha sido el edificio de la Audiencia Provincial. En esta ocasión, la lucha enfrenta al Ayuntamiento y a la Diputación -entidad propietaria-. Aquí la disputa surge porque la Administración local en su plan urbanístico prevé la creación de una gran plaza alrededor de Puertas de Tierra, para lo que tendría que demoler las construcciones que albergan la Seguridad Social y la Audiencia Provincial. Pero Diputación se opone al derribo de la Audiencia e intenta declararlo BIC, igual que pidió el Foro de la Aduana a la Junta. Los socialistas se aferran a la utilidad administrativa del edificio y al valor económico que tiene -unos cuatro millones- y el Gobierno popular y local defiende el interés histórico y turístico de las Puertas de Tierra. Esta vez, los mismos técnicos y arquitectos que defendían una postura demoledora en la Aduana justifican la contraria.

En cuanto a la Escuela Náutica, propiedad de Patrimonio del Estado, goza de mayor acuerdo entre administraciones del mismo color político, ya que se planificó su demolición y, aunque la Junta lo paralizó ante la polémica suscitada sobre su integración en la vida de la ciudad, las últimas noticias apuntan a que será derribada para construir un edificio nuevo para dependencias administrativas de la administración andaluza. Pero, eso sí, Patrimonio tendrá en cuenta la opinión de la delegación de Cultura de la Junta y del Colegio de Arquitectos de Cádiz.

Tras toda la polémica siempre se enfrentan dos maneras de entender el desarrollo urbano de Cádiz, aunque todas las administraciones, cuando han tenido el poder de decisión han optado por la demolición: la Junta en la Escuela Náutica y el Ayuntamiento en la Audiencia Provincial.