El Gobierno reforma el Código Penal para proteger mejor a las víctimas

El Gobierno quiere que la protección de las víctimas sea el eje sobre el que pivote la reforma del Código Penal que prepara, dirigida sobre todo contra pederastas y terroristas, y que será la primera piedra del futuro estatuto de la víctima, que acarreará nuevos cambios en las legislaciones civiles o procesales.

Los ministros de Justicia e Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirán hoy para cerrar las líneas maestras de la reforma. El Ejecutivo confía en que ese borrador entre en el Congreso de los Diputados antes de final de año y que su tramitación sea muy veloz, habida cuenta del acuerdo sobre esta materia alcanzado con el Partido Popular en el encuentro del pasado 23 de julio entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

Fernández Bermejo y Pérez Rubalcaba tienen prisa. El Partido Popular, que ha hecho bandera del caso Mari Luz en los últimos meses, lanzó la pasada semana un ultimátum: o el Ejecutivo presenta ya su proyecto para evitar que los violadores de menores puedan salir a la calle sin estar rehabilitados o el Grupo Popular registrará en la Cámara un texto propio.

Los dirigentes del PP han recordado con insistencia en los últimos días al Gobierno la proposición no de ley, impulsada por los populares y matizada por socialistas y CiU, aprobada por el Congreso el pasado 3 de junio, que instó al Ejecutivo a presentar en el plazo más breve posible un proyecto de reforma penal.

Justicia e Interior, según sus portavoces, quieren ceñirse en ese asunto a la reclamación del Parlamento: reforma del Título VIII del Código Penal (delitos contra la libertad e indemnidad sexuales) para «elevar las penas» de los violadores cuando sus agresiones sean contra víctimas «especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o situación».

El Gobierno también se hará eco de la petición de que se obligue al «cumplimiento efectivo (que no íntegro) de las penas» en los casos de abusos a niños o personas desprotegidas.

Responsables del Ministerio de Justicia han dejado claro que este endurecimiento no supone «en ningún caso» que el Gobierno «renuncie a las medidas de reinserción». El primer objetivo sigue siendo la rehabilitación del delincuente y si ésta no se consigue antes de que abandone la cárcel, la reforma del Código Penal introducirá lo que el propio Fernández Bermejo llama «soluciones post-delincuenciales de control».

El Congreso pidió en junio «medidas eficaces para el control de los criminales patológicos que sean puestos en libertad a pesar de tener un pronóstico elevado de reincidencia». El Gobierno quiere que los jueces introduzcan en sus sentencias la apostilla de que si no se comprueba que el agresor sexual está rehabilitado, deberá someterse a «limitaciones de libertad» como los mecanismos de seguimiento telemático (pulseras) o medidas coactivas como tratamientos médicos.

Fuera de la reforma del Código Penal, el Gobierno también estudia la creación de un registro específico de violadores y pederastas para evitar que se repitan los episodios de descoordinación judicial que propiciaron que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, estuviera en libertad a pesar de que ya tenía una sentencia firme por abusar de su propia hija. En este archivo se recogerán las sentencias (firmes y no firmes), medidas cautelares y requisitorias de estos delincuentes.

La reforma penal en el campo de las víctimas del terrorismo será menos extensa y aún no está perfilada. El Gobierno quiere evitar a toda costa la «doble victimización» de los familiares y víctimas directas del terror, pero sabe que es casi imposible impedir que el terrorista viva cerca de sus víctimas si no se decretó el alejamiento en la sentencia condenatoria.

El Ejecutivo quiere que el nuevo Código Penal recoja como obligatoria la condena al destierro de los terroristas, una posibilidad que ahora queda al arbitrio de los tribunales, aunque desde hace un par de años la Audiencia Nacional siempre condena al alejamiento de las víctimas a los miembros de ETA.

La reforma tipificará como delito la denominación de calles y plazas con nombres de terroristas, al objeto de facilitar su inmediata supresión. Tanto el Ejecutivo como el PP considera que estas placas de calles y plazas son una vejación a la dignidad de las víctimas del terrorismo.