El instructor del 'caso Tirado' sólo reprocha al juez que no controlase a sus funcionarios

El juez instructor del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, -que no ejecutó una condena pendiente por abusos sexuales contra el supuesto asesino de la joven Mari Luz-, indica en su informe que la falta cometida por el magistrado no puede considerarse como muy grave porque lo único que puede reprochársele al juez es que «no prestara mayor atención» a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado.

El instructor, Wenceslao Francisco Olea, explica en su informe que esta sección -que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz- presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.

El juez reconoce en su informe que la ejecución de la sentencia contra Del Valle se demoró durante más de dos años y dos meses pero explica que el juez Tirado dictó dos autos que «de haberse ejecutado con diligencia habrían evitado el lamentable resultado de la demora», es decir, el posterior asesinato de Mari Luz Cortés.

Olea califica los hechos como «falta grave», lo que podría suponer para Tirado una multa económica de entre 300 y 3.000 euros.

Sanciones

El ministro e Justicia, Mariano Bermejo, no comparte las apreciaciones del instructor del CGPJ. Bermejo, de hecho, se decantó ayer por la postura defendida por la Fiscalía a la hora de proponer la sanción para el juez Tirado. «Hasta donde conozco, la posición de la Fiscalía me parece muy acertada a la realidad de lo acaecido», aseguró.

Frente a la postura del Fiscal -que propone sanciones contra el juez que van desde la suspensión hasta tres años, traslado forzoso o apartarle de la carrera judicial por haber cometido una falta muy grave-, está la más benévola de la propuesta inicial del CGPJ.

«Entiendo que la Fiscalía ha adoptado una posición que defiende mejor unos intereses generales», añadió Bermejo.