Contra la parálisis
La economía española y las medidas diseñadas por el Gobierno para tratar de reanimarla ya no se enfrentan sólo a un escenario de crisis, sino a uno de estancamiento combinado con inusuales tensiones inflacionistas sobre el que pende la amenaza de la recesión. El PIB español apenas creció un 0,1% en el segundo trimestre de 2008 y limitó el crecimiento interanual al 1,8%, lo que verifica que el frenazo ha hecho mella con rapidez y profundidad en nuestro bienestar. Con todo, el presidente Rodríguez Zapatero se apoyó por comparación en el retroceso sufrido por países como Alemania o Francia y por el conjunto de la Eurozona para volver a exhibir su conocida confianza en la fortaleza de la economía española. Pese a que esté basada en datos objetivos, esa apreciación reincide en un optimismo retórico que se ha demostrado inoperante para contrarrestar la realidad de unas cifras cada vez más deprimidas, obviando que la extensión de la crisis en nuestro entorno merma las capacidades para poder remontarla. Y soslayando también la vulnerabilidad que aqueja a España por su dependencia energética, el desmedido peso de un sector inmobiliario en franco declive y el aumento del desempleo más pronunciado de la UE.
Actualizado: GuardarLa preocupante caída del PIB implica que las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, con 24 reformas para este ejercicio y el próximo, habrán de aplicarse sobre una economía ya estancada y en la que resultará más trabajoso lograr su eficacia en un plazo razonable. La renuncia del Gobierno a admitir la existencia de la crisis ha transmitido una sensación de tiempo perdido que difícilmente logra paliar el impulso a unas propuestas la mayoría de las cuales ya se habían enunciado en las últimas semanas, por lo que la principal virtualidad del Consejo de ayer fue la de urgir su puesta en marcha con un calendario concreto de actuaciones. Parte de ellas tratan de inyectar liquidez a las economías domésticas y a las empresas a fin de revitalizar el consumo y la actividad, mientras que otras pretenden avanzar hacia un nuevo modelo económico más productivo; entre ambas se citan iniciativas como la trasposición de la directiva europea para mejorar y abaratar los servicios o la supresión del Impuesto de Patrimonio cuya adopción se presenta como remedio para la crisis, pero sin que esa sea su utilidad original. Más ajustadas a los objetivos que se persiguen resultan la apertura de créditos ICO para que las pequeñas y medianas empresas puedan sortear las restricciones financieras; así como la aceleración de la obra pública como potencial sustitutivo de la construcción residencial o la dinamización de sectores alternativos. Pero junto a ello es cuestionable que la concesión de 10.000 millones en dos años para facilitar el acceso a la vivienda protegida vaya a facilitar el cambio en nuestro modelo de crecimiento cuando se sigue potenciando la propiedad hipotecada frente al alquiler.
