Compra pactada
El acuerdo alcanzado entre Gas Natural y la constructora ACS propiedad de Florentino Pérez, por el que la primera comprará a la segunda su participación del 45,3% en Unión Fenosa para hacerse con el control de la eléctrica, introduce un cambio de indudable calado en un mercado clave como el energético, sometido en los últimos años a tensiones y cruces de intereses que dan prueba de su atractivo económico y empresarial. Los gestores de la propia Gas Natural no han sido ajenos a esas turbulencias, dado que el paso protagonizado ahora para asegurarse la adquisición de Unión Fenosa constituye su tercera tentativa de afianzarse en el sector eléctrico tras las fallidas OPAS sobre Iberdrola y Endesa de 2003 y 2005. La confirmación del pacto con ACS, la admisión por ésta del precio de 18,33 euros ofrecido por cada acción y el inicio de los trámites exigidos con la compra previa del 9,9% de los títulos sugieren que, esta vez, la compañía gasista cuenta con las anuencias precisas, incluido el plácet implícito del Gobierno, para culminar con éxito la operación. Aunque el tiempo -al menos nueve meses- que requerirá el proceso completo de compra que culminará con una OPA y el tortuoso precedente vivido con Endesa invitan a guardar unas mínimas cautelas.
Actualizado: GuardarLa adquisición responde a una razonable lógica empresarial, dado que el gas se ha convertido en un combustible fundamental para solucionar las necesidades de producción energética y permitirá la constitución de una alianza que representará la tercera eléctrica del país reforzando las potencialidades mutuas. Pero la relevancia de la operación no sólo no despeja sino que genera nuevas incertidumbres sobre la evolución de un sector muy abierto, sujeto a las contradicciones que implica un modelo que combina el libre mercado con una fuerte reglamentación legal por parte del Estado pero de efectos limitados. Factores como las dudas que despierta el posible refuerzo de la posición de ACS en Iberdrola o el interés de compañías extranjeras por asentarse en el mercado español, en un escenario de zozobra económica y movimientos empresariales, requeriría del Gobierno, aun cuando no esté en su mano intervenir en el mercado, una clarificación de sus criterios más allá de congratularse por el mantenimiento de los centros de decisión en territorio nacional.
