Las apreturas del Gobierno

Las presiones catalanas, producto de la comprensible alianza CiU-PSOE, Mas-Montilla, son hasta cierto punto lógicas en un sistema que ahora ve la posibilidad de poner fin a cierto desequilibrio innegable: como ayer decía Jordi Pujol en un sereno artículo, el hecho de que Cataluña destine anualmente no menos del 9% de su PIB a la redistribución, a la solidaridad, perdiendo así varios puestos en el ranking de renta per capita, es un fenómeno excepcional y excesivo, que debe ser amortiguado. Si a ello se añade que algunas comunidades beneficiarias de semejantes transferencias se han adocenado en su mediocridad, sin realizar esfuerzos para mejorar su posición relativa por sí mismas, se entenderá mejor el motivo de la disputa.

Pero lo cierto es que, como bien dice Solbes, es indispensable conjugar la «bilateralidad» que reconoce el Estatut para Cataluña con la multilateralidad que emana de la Constitución y que ha de plasmarse en la futura ley de Financiación (LOFCA). Para conseguir tal cosa, el Estado debería traspasar a las autonomías no menos de 20.000 millones de euros adicionales, lo que en las circunstancias actuales, con el Estado en déficit, es difícil de plantear y de conseguir.

La financiación autonómica no estará acordada, como reclamaba el Estatut, el 9 de agosto, y ni siquiera puede hoy afirmarse que lo esté en lo que queda de año: el Gobierno se halla, lógicamente, más preocupado por afrontar la crisis -designio que requiere una política de gasto activa, que no permite desviar recursos- que por atender las exigencias de las autonomías. Sin embargo, para desarrollar esta política económica de choque es preciso confeccionar unos presupuestos del Estado para 2008 muy centrados en la inversión pública, lo que no podría conseguirse si el Gobierno, acuciado por todas las minorías, tuviera que prorrogar los actuales, como ya ha insinuado. En estas circunstancias, lo sensato sería pactar la financiación en septiembre, aunque fuese con cláusulas que aplazasen la aplicación de los nuevos recursos a un período de varios años, y que en diciembre salieran adelante unos presupuestos apropiados a la coyuntura con el apoyo de CiU.

La otra opción que tiene el Gobierno, si fracasa la negociación sobre la financiación, es apoyarse en el PNV, que no está afectado por ella, para la aprobación de las cuentas públicas (en este caso, le bastaría al PSOE con que se sumara al acuerdo el BNG para obtener la mayoría absoluta). Esta solución sería sin embargo peligrosa por dos razones: porque pondría al PSC al pie de los caballos y al borde de la rebelión, y porque se entendería mal un pacto de la mayoría socialista con una fuerza nacionalista que está en la delirante actitud de abonar una ilegal operación secesionista. Además, no puede descartarse que Ibarretxe anticipe las elecciones autonómicas vascas al otoño, lo que dificultaría grandemente cualquier alianza parlamentaria PNV-PSOE en ese periodo.

La firmeza de Cataluña, que ve a mano la posibilidad de que cese una merma muy importante de sus posibilidades financieras, es comprensible. Y resulta lógico que el PSC no quiera entregar esta bandera reivindicativa a CiU. Lo que no tendría sentido es que esta rivalidad entre nacionalistas y socialistas generara una espiral exorbitante de exigencias imposible de atender por Madrid. Los catalanes han tenido mala suerte al darse de bruces con una crisis económica grave a la hora de una negociación sobre el reparto de los recursos públicos, pero este infortunio debe responderse con realismo y no con propuestas radicales e inatendibles.

Si así se ve y se entiende, de forma que el pacto pueda tener lugar, los catalanes habrán dado de nuevo señales de su proverbial seny, lo que ayudaría a limar asperezas en seno de un Estado muy tensionado en los últimos años.