Cautela pública

l concurso de acreedores al que se ha visto abocada la promotora Martinsa-Fadesa fue ayer considerada por el vicepresidente Solbes como la consecuencia de haber tomado «unos riesgos excesivos». El volumen de la deuda contraída así lo indicaría. Pero la explicación dada por el máximo responsable económico del Gobierno sobre la imposibilidad de que el ICO ayudara a la refinanciación de la misma, manifestando su posición contraria a que el dinero de los contribuyentes sea utilizado para ayudar a empresas con «mala suerte», resulta tan coherente como dubitativa parece la actitud del Ejecutivo al expresar cuáles son sus intenciones tanto respecto a las consecuencias de la citada suspensión de pagos en relación a las dificultades por las que atraviesa el conjunto del sector. Las declaraciones del titular de Industria, Miguel Sebastián, secundadas por las palabras de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, proponiendo la compra de suelo por parte del Gobierno para destinarlo a uso público han apuntado una línea de acción que el Ejecutivo debería sopesar con mucho detenimiento. Es más, quizá fuese mejor que el Gobierno, así como las demás administraciones comprometidas en la política de vivienda, procediera a una revisión crítica sobre las necesidades y posibilidades de la intervención pública respecto al sector; incluyendo la necesaria actualización de los objetivos hasta ahora fijados en materia de vivienda. Porque siendo ya discutible la ortodoxia de la medida sugerida, más problemático resultaría poner en marcha una iniciativa cuya materialización correspondería sobre todo a gobiernos autonómicos y ayuntamientos y cuyas consecuencias resultan hoy por hoy imprevisibles.