Sugieren al Ayuntamiento que no dé luz y agua a los arrendadores de 'partiditos'

El nuevo delegado de Vivienda, Gabriel Almagro, ha sugerido al Ayuntamiento que utilice otras fórmulas para presionar a los propietarios que alquilan infraviviendas o partiditos, «en lugar de seguir reclamando la cédula de habitabilidad, porque ésta tendría que regularse con una normativa estatal».

Almagro asegura que el Consistorio tiene en su mano otras armas como Aguas de Cádiz y Eléctrica de Cádiz, las empresas de agua y luz, respectivamente, «y perfectamente el Ayuntamiento podría no dar autorización a estas personas» cuando tramiten un nuevo contrato.

Seguridad

El Ayuntamiento ha reclamado en varias ocasiones a la Junta que se haga cargo del realojo de personas que tienen que salir de sus casas porque la vivienda que ocupan no cumple las condiciones higiénicas o de habitabilidad o, por el propio estado del inmueble, su seguridad no está garantizada.

En el último Pleno de la Corporación municipal (el pasado 4 de julio), el equipo de Gobierno explicó que había agotado el presupuesto previsto para este año en cuestión de realojos y reclamó la colaboración del Ejecutivo autónomico, basándose en que las competencias en viviendas son exclusivas de la Junta, desde que en 1999 se emitió un decreto al respecto y eliminó la gestión compartida con el Ayuntamiento.

Almagro sostiene que lo de la cédula de habitabilidad es «el argumento que tiene el Ayuntamiento desde hace años» y por ello pidió al equipo de Gobierno que explore otras fórmulas, que están en su mano, para evitar que las infraviviendas puedan estar en el mercado inmobiliario y puedan ser realquiladas, aún después de haber desalojado a vecinos por falta de seguridad.

Actualmente existe este requisito -la cédula de habitabilidad- pero sólo para los nuevos inmuebles, que es la licencia de primera ocupación, pero no para los que ya están construidos.

En Barcelona, una ciudad que también tiene muchos problemas de infravivienda, sí se exige esta cédula de habitabilidad, basada en un decreto de la Generalitat de Cataluña (el 259/2003, de 21 de octubre, sobre requisitos mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas). Si bien es cierto que ésta es necesaria precisamente para autorizar el suministro definitivo de los servicios de agua, gas y electricidad.

En el caso de la capital catalana lo puede solicitar el vendedor antes de poner en el mercado su casa o el propietario en caso de que esté destinada al alquiler.

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