La Audiencia de Madrid sepulta la 'teoría de la conspiración' del 11-M

La Audiencia Provincial de Madrid sepultó ayer el último reducto de la 'teoría de la conspiración' del 11-M: el caso del 'ácido bórico'. El tribunal absolvió a los cuatro máximos responsables de la Comisaría de Policía Científica que estaban acusados de falsedad documental por haber alterado el informe que vinculaba a ETA con la masacre de los trenes de Madrid.

La sala concluye que apuntar a la autoría etarra por el hecho de que en la casa de un condenado por los atentados y en la vivienda de un miembro de ETA se encontrara bórico, un popular insecticida, supone una «notable falta de rigor científico», por lo que estaba justificado retocar el polémico documento. El comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; el secretario general, Pedro Luis Mélida, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez, vieron cómo finalizaba una «pesadilla», según sus propias palabras, que duraba ya casi dos años.

Los jueces concluyen que no cometieron acto ilícito alguno porque la supresión de las apreciaciones sobre ETA fue «inocua», ya que el objeto del informe era saber si la sustancia era ácido bórico, y en ese punto no hubo modificaciones. Las alteraciones del documento fueron «tangenciales e intrascendentes» y, además, los mandos policiales imputados tenían entre sus competencias la «facultad de revisión» de los informes elaborados por sus subordinados.

Los magistrados afirman en el fallo que las observaciones «subjetivas» sobre ETA que el perito Manuel Escribano se empeñó en introducir en el informe, aunque nadie se las había pedido, tenían «escaso, por no decir nulo, valor». De modo que era «comprensible» que sus superiores «consideraran improcedente» mantener esas polémicas apreciaciones «acientíficas». Sobre todo, porque se trataba de un documento elaborado por una unidad de policía científica cuyo «objeto principal» era hacer «pericias de carácter analítico» y no conjeturas que corresponderían a los investigadores de los Servicios de Información.

El fallo concluye que el perito que azuzó la 'teoría de la conspiración' obró de forma «personalísima», sin «rigor científico» y además «olvidó que su cometido principal y lo que se esperaba de él era que utilizara sus conocimientos» sólo para «efectuar un análisis químico de la sustancia».

La sentencia pone también en duda que Escribano obrara de buena fe cuando introdujo la mención a ETA y consideran que su actuación «genera no pocas suspicacias», sobre todo porque se obcecó en hacer observaciones sobre la banda terrorista en un informe del 11-M «consciente de la relevancia jurídica, social y mediática» que cualquier apreciación de ese sentido iba a tener.

«Era sabedor -insisten- de la relevancia de unas observaciones que escapaban a la ortodoxia de un análisis químico y entraban de lleno en la disputa sobre el dilema que estaba en la calle y en todos los medios de comunicación, debido a la relevancia que había adquirido la hipótesis de la autoría de ETA en el gravísimo atentado terrorista».

En ese «cuadro socio-político», explica el fallo, «no parece razonable que Manuel Escribano completara la pericia con unas especulaciones que carecían del rigor necesario».

Vincular a ETA con el 11-M por el ácido bórico, «una sustancia que tiene varios usos domésticos», «nada aportaba a la investigación y, en cambio, generaba confusión y turbiedad en la investigación y en la opinión pública».

Inexactitudes

Pero los reproches no sólo van contra el perito. La sentencia lanza duras críticas contra la cúpula policial, que sin tener una «conducta reprochable penalmente», hizo un informe «sin excesivo rigor». Los jueces creen que el documento estaba lleno «inexactitudes» y que se introdujeron «inveracidades» (sic) como el hecho de que cuando se modificó el informe uno de los procesados pusiera su nombre como autor del mismo tras la negativa de los peritos a cambiar las apreciaciones.

Los magistrados ponen como ejemplo de esta falta de rigor que las modificaciones en los libros de registros para reasignar a los peritos se hicieran con líquido corrector (Tipp-ex) lo que «constituye un método inadecuado e impropio de cualquier organismo oficial».

Los mandos de la Científica, a pesar de ser absueltos, «no cumplieron con arreglo a las formas jurídicas concretas la sustitución del perito, la asignación del nuevo informe y la formalización del dictamen final, incurriendo en algunas irregularidades administrativas», sin relevancia penal.

La sentencia podrá ser recurrida ante el Supremo por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, organizaciones que impulsaron las acusaciones.