La amenaza del padrón

Ya he explicado otras veces mi opinión de que detrás de esta caza de brujas no empadronadas se transmite un peligroso enfrentamiento con las otras ciudades de la Bahía, presentadas sin disimulo como parásitas de la gran ciudad. Que los mismos que quieren negarles servicios municipales a los vecinos de afuera sean los que ocupen ahora, o hayan ostentado antes, cargos de representación más allá de la capital, es algo que no se entiende. O practican una suerte de desdoblamiento de la personalidad política, que les hace defender un trato igualitario en un foro y lo contrario en otro; o caen de lleno en ese feo ejercicio de desmentirse a sí mismos a conveniencia. ¿Se los imaginan en campaña, al Congreso o al Senado, diciendo en la provincia que pedirán polideportivos sólo para los de Cádiz? En esta cruzada de los valores de la patria chica, lo gaditano sólo para los gaditanos de pureza de sangre y padrón, se oculta que esos usuarios de afuera son, a la vez, los mejores clientes de esta ciudad que sólo tiene la industria de su comercio.

Pero iniciada ya la caza se anuncian miles de casas vacías y otros tantos ciudadanos que se niegan a identificarse. Tiene razón el teniente de alcaldesa, José Blas, cuando dice que, por la Ley de Régimen Local, todos están obligados a empadronarse en la ciudad donde se resida habitualmente. Aunque esa condición deba demostrarse. Pero el mismo artículo añade que, cuando se viva en varios municipios, se empadronará sólo en «el que habite más tiempo al año». El que haya casas vacías, o poco ocupadas, no implica que sus usuarios ocasionales deban entrar en el padrón, sino probablemente lo contrario, que ya están en otro, por vivir más tiempo allí.

Se presupone que esos que no se quieren identificar están en otro padrón. Puede ser. Como también que estén dentro del de Cádiz pero no quieran que se conozca que han hecho un cambio de domicilio ficticio, por ejemplo para conseguir plaza en un colegio deseado. El que haya colegios privados que oferten servicio de autobús a otras localidades de la Bahía, también sugiere algún empadronamiento de más desde esas ciudades. De hecho, esta acción ahora emprendida por el Ayuntamiento de Cádiz podría ser respondida por otras iguales, una en cada ciudad de la Bahía, para desenmascarar (en esos términos nos movemos) a los que siguen, por motivos sentimentales, figurando en la capital aunque haga años que se mudaron fuera. ¿Cómo quedaría ese balance de altas y bajas?

Lo peor es la amenaza desmesurada de multar a los renuentes. Dice José Blas que con 6.000 euros. Debe ser un error. La citada Ley de Bases reconoce a los Ayuntamientos capacidad para establecer tipos de infracción e imponer sanciones «en defecto de normativa sectorial específica». Pero ésta existe. El Decreto 2.612 de 1996 modificó el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de Entidades Locales. Allí se dice que «la negativa de los españoles y extranjeros que vivan en territorio español a cumplimentar las hojas de inscripción padronal ( ) serán sancionadas por el alcalde conforme al artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986». Ese artículo dice que las multas no podrán exceder, en un municipio de la población del de Cádiz, de 15.000 pesetas. Es decir, 90 euros. Sin que ninguna norma haya actualizado posteriormente esa cantidad. Dejémoslo en error. Pero amenazar con una sanción casi setenta veces mayor que la permitida es un error muy grave.