Europa se amuralla

Para que esta directiva de retorno de los inmigrantes -que ha de enmarcarse en una política inmigratoria mucho más amplia, que todavía está por hacer- fuera eficaz, debía de mostrar un rostro inevitablemente hosco y duro, de forma que provoque un claro efecto disuasorio. Como es conocido, la norma obliga a los inmigrantes 'sin papeles' a abandonar el país en el plazo de treinta días, pasados los cuales podrán ser recluidos hasta seis meses hasta su deportación, plazo que podrá ser prorrogado otros doce meses si no se muestran cooperativos. Los expulsados no podrán regresar en cinco años, y en el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta «el mejor interés» para ellos a la hora de decidir su expulsión; sin embargo, podrán ser enviados a terceros países si no se les logra repatriar. Los recluidos tendrán asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los solicitantes de asilo, aunque no se impone plazo alguno para su presentación al juez (varias enmiendas que no han prosperado solicitaban la intervención judicial en el plazo de 72 horas).

En el simple enunciado de estas disposiciones se hace evidente que se ha confundido la dureza con una arbitrariedad que puede constituir una violación de los derechos humanos más elementales. El confinamiento de los 'ilegales' en un limbo jurídico durante 18 meses, que recuerda demasiado a la situación de los recluidos en el penal de Guantánamo, es inaceptable, como lo es asimismo que los menores puedan ser abandonados a su suerte en un país tercero en el que nadie velará por su futuro.

El Gobierno socialista español era uno de los más interesados de la UE en que la inmigración ilegal se convirtiera en un problema comunitario. España es la principal puerta de entrada de latinoamericanos y africanos que no sólo acuden a Europa en busca de oportunidades laborales sino que pretenden fijar en el Viejo Continente su residencia con todo el núcleo familiar. Ello explica en parte que ante la posibilidad de que se pudiera perder la oportunidad de lograr la recién aprobada directiva se haya inclinado por urgirla en el Consejo y por aprobarla en el Parlamento (sólo dos eurodiputados socialistas, Borrell y Obiols, votaron en contra). Con todo, hubiera sido quizá posible suavizar alguno de los aspectos más inadmisibles de la norma.

Porque, junto al mensaje de dureza e inflexibilidad que resultaba pertinente, se ha emitido otro muy inconveniente: como ha manifestado el eurodiputado socialista italiano Claudio Fava, coordinador del Área de Libertades Civiles, Justicia e Interior del PSE en el Parlamento Europeo, con esta norma «Europa ha creado una categoría inferior de seres humanos». Los grandes códigos de derechos civiles que impregnan las constituciones de los Veintisiete son obviamente universales y han de alcanzar a todas las personas, sea cual sea su posición jurídica y su nacionalidad.

Instituciones venerables como el habeas corpus o viejas garantías como la de la tutela judicial efectiva han dejado de amparar a grupos que residen entre nosotros, muchos de los cuales, aun sin papeles en regla, han arraigado profundamente en nuestras sociedades, pagan sus impuestos y contribuyen al bienestar común.

Es cierto que la directiva comunitaria no obliga a los Estados a endurecer paralelamente sus legislaciones internas, pero deja abierta una puerta al otro lado de la cual está el vacío. Europa, que en su afán introspectivo nunca estuvo demasiada abierta al mundo, ha vuelto a alzar en fin las murallas de su gran fortaleza.