Época de cambios o cambio de época
El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Subirats participó recientemente en un ciclo de conferencias en la ciudad para hablar del nuevo contexto de las políticas públicas en España, y planteó la cuestión de si estamos en una época de grandes cambios o, por el contrario, lo que vivimos en realidad es un cambio de época. Subirats, que también es director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB y miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de las Políticas Públicas (AEVAL), manejó como tesis de partida el profundo cambio que la sociedad ha sufrido en los últimos cincuenta años, comenzando por la esperanza de vida, las perspectivas vitales que trastocan los planteamientos iniciales del sistema de pensiones, pensado para un número muy reducido de beneficiarios sobre el total de la población; cambios en la estructura familiar, hablando de la desaparición de la mesa comedor como elemento esencial de estructuración y comunicación familiar; cambios en el trabajo, pasando de un trabajo para toda la vida a multitud de trabajos diferentes en una vida. En definitiva, pasamos, decía, de un trabajo para toda la vida a multitud de contratos diversos, de una familia estructurada en base a una división de funciones y tareas en torno al género, con raíces genealógicas, abuelos/as y parientes cercanos, que forman una red de servicios y apoyos sociales, que se desarrolla a lo largo de la vida en una vivienda, a multitud de formas familiares, cada vez más aisladas y reducidas en número de individuos que cambia también de domicilios y que, consecuentemente, cambia de valores; de un Gobierno que regulaba la economía que se desarrollaba en los límites del Estado-nación, a unos gobiernos zarandeados por un capital financiero que sobrevuela y se impone a estos.
| Actualizado: GuardarTanto en la esfera productiva, estructura social, relaciones de familia y género existe un nuevo contexto que da como resultado más individualización y mayor imprevisibilidad. En este nuevo contexto las políticas públicas tradicionales dirigidas a grupos sociales homogéneos tienen un difícil encaje para dar respuesta a las necesidades sociales que son heterogéneas y exigen personalización. Los cambios son profundos, rápidos, imparables e irreversibles, sin embargo, las administraciones públicas son como elefantes, lentos y que difícilmente cambian de las rutas y procedimientos a los que están habituados.
Este desfase entre la sociedad y las administraciones públicas crea dificultades nuevas de gobierno. Se ha pasado de un periodo de claro conocimiento y autoridad de las administraciones sobre la sociedad basada en condiciones homogéneas y estructuradas a un desconocimiento y débil autoridad provocado por la desestructuración y heterogeneidad social y económica. Los gobiernos públicos han pasado de una alta funcionalidad y legitimidad a baja funcionalidad, por carecer de respuesta a los nuevos problemas y necesidades sociales, y, en consecuencia, a baja legitimidad.
La nueva ciudadanía se mueve en un triángulo formado por la exigencia de autonomía, diversidad e igualdad. Autonomía personal equivale a empoderamiento ciudadano, capacidad de participar propia en las resoluciones y respuestas que necesita evitando dependencias y propiciando la participación y el protagonismo ciudadanos. La diversidad, el reconocimiento a las diferencias y a las soluciones personalizadas, contrapuesto a respuestas homogéneas no a igualdad, es el reto no superado por las administraciones públicas. La igualdad, contrapuesta a desigualdad, es necesario recuperarla, entendida como redistribución de posibilidades, oportunidades y recursos. No vale hablar sólo de igualdad de oportunidades porque el punto de salida es diferente en cada individuo y es necesario que la sociedad compense esa desigualdad de inicio si quiere mantener un mínimo de cohesión social.
Es necesario que las administraciones públicas desarrollen los instrumentos operativos para afrontar este nuevo contexto de complejidad. El primero es la proximidad y las administraciones locales son las únicas que por proximidad pueden dar respuestas adecuadas a demandas como la dependencia. El segundo son respuestas integrales a demandas complejas que afectan a diferentes áreas competenciales, como las comisiones de familias que se están poniendo en marcha en algunos Ayuntamientos. El tercero es la apertura de cauces de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la resolución de los temas del día a día. La cuarta, vinculada con la anterior, es el establecimiento de un sistema de evaluación objetiva basado en evidencias y rendición de cuentas con controles periódicos a diferentes niveles que permitan acercarse a la ciudadanía a la gestión de lo público.
Para este imprescindible cambio de nuestras administraciones públicas los partidos políticos juegan o deben jugar un papel determinante. La gestión de las administraciones públicas está encomendada constitucionalmente a estos, y son, en consecuencia, los responsables de articular su reforma y necesaria adaptación a la nueva sociedad y demandas. Es imprescindible una corresponsabilidad e implicación de la misma sociedad civil en la determinación, desarrollo y evaluación, entendida como aprendizaje y mejora continua, de las políticas públicas.
