ACTUACIÓN. La pala tira una vivienda ilegal que fue derribada en la zona de El Palmar a finales del año pasado. / LA VOZ
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Fiscalía cursa las primeras denuncias contra ayuntamientos por silenciar la construcción ilegal

El fiscal de Medio Ambiente revela en su memoria de 2007 que está investigando por qué no persiguen estos delitos

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Primero fue poner en evidencia la falta de colaboración de los ayuntamientos en la lucha contra la construcción ilegal, pero ahora la Fiscalía ha dado un paso más cursando las primeras denuncias contra responsables municipales. Estas diligencias novedosas se asientan en las sospechas e indicios de que determinados ayuntamientos no persiguen estos delitos, pese a que sabrían que se están cometiendo. Éste es uno de los dardos que guarda la memoria del fiscal de Medio Ambiente del año 2007, quien no escatima en las críticas contra administraciones locales y órganos judiciales, a los que les pide una mayor diligencia para erradicar los ataques al suelo.

En estos momentos hay abiertos cuatro procedimientos, según confirmó ayer el fiscal especializado, Ángel Núñez, en los que se investiga a determinados responsables municipales que no pusieron en conocimiento de la Fiscalía no sólo la existencia de hechos presuntamente delictivos sino que tampoco elevaron al Ministerio Público la apertura de expedientes sancionadores que se habían impuesto por edificaciones al margen de la ley. En la citada memoria, Núñez se refiere a este asunto subrayando cómo «llama la atención el hecho de la falta de remisión a la Fiscalía de actuaciones por parte de determinados ayuntamientos, en cuyo territorio es notorio el florecimiento de construcciones típicas». El fiscal de Medio Ambiente no quiso desvelar cuáles son los consistorios que están en el punto de mira, ya que los procedimientos están en fase de instrucción, pero sí especificó que se encuentran en la costa.

Pese a estas denuncias cursadas en 2007, la Fiscalía observa «una leve mejora» que viene de la mano de otros ayuntamientos que «comienzan a asumir la necesidad de terminar con la generalizada convicción de que una vez finalizada una construcción, las irregularidades se van a poder legalizar en todos los casos, y se empieza a actuar con el rigor que la ley exige».

En su resumen de la actividad del pasado ejercicio, Núñez no considera que la provincia haya superado la situación de descontrol en materia urbanística que describía en pasadas memorias.

Un 348% más

Una muestra de ello es el incremento abrumador del 348% en el número de investigaciones abiertas el año pasado sobre asuntos relativos a la ordenación del territorio. De 77 diligencias de 2006 se han pasado a 345. Núñez ve en el aumento de medios especializados, como los nuevos equipos de delincuencia urbanística de la Guardia Civil o los que tiene la Policía Autonómica, una de las causas de este repunte espectacular de actividad y reconoce que ahora se detectan «ciertas conductas delictivas a las que antes no se podía llegar». Si bien sigue insistiendo en la necesidad de dotar de más recursos para afrontar con eficacia el importante volumen de investigaciones, no sólo en los cuerpos policiales sino también en la propia Fiscalía.

Otros síntomas que evidencian que los delitos urbanísticos no van en retroceso es la progesiva organización de redes que se lucran con la construcción ilegal y la cada vez mayor presencia de funcionarios públicos. Esto tiene una repercusión directa en otro aumento preocupante: el de los procedimientos por prevaricación en donde salen a la luz informes favorables a proyectos y licencias concedidas que van en contra de la normativa vigente. «Igualmente es de destacar lo que se refiere a la torticera utilización del silencio administrativo», se señala en la memoria.

Demoliciones pendientes

El fiscal tampoco obvia el papel que tiene la justicia en esta lucha. Si bien destaca cómo se va incluyendo la demolición en las sentencias que penan a los propietarios de viviendas ilegales -hasta finales de 2006 sólo eran castigados a multas y escuetas penas de prisión que no eran ejecutadas- , expresa una preocupación porque los derribos no se acometen con celeridad. «La práctica viene evidenciando que se están dilatando en exceso los plazos». Esta tardanza no favorece la labor de concienciación que se busca con estas medidas.

stubio@lavozdigital.es