La Generalitat suprime la alerta y pedirá al Gobierno que derogue el trasvase

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, ha anunciado que el Gobierno catalán pedirá de inmediato al Gobierno que derogue el próximo viernes el Real Decreto que posibilita la prolongación del denominado minitrasvase del Ebro a Barcelona dada la nueva situación.

El pasado viernes, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ya anunció tras la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno derogará el próximo viernes "con carácter urgente", el Decreto Ley sobre la conducción de agua desde Tarragona a Barcelona, si se confirma que la situación de excepcionalidad en Cataluña que motivó su aprobación ha finalizado.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, Baltasar ha señalado que, ante el incremento de las reservas de agua a causa de las lluvias caídas durante mayo, la Generalitat ha suprimido ya la llegada de barcos cargados con agua potable procedentes del Camp de Tarragona y estudia rescindir de forma "anticipada" el contrato de los barcos que traen agua procedente del sur de Francia, desde el puerto de Marsella.

Tras las lluvias, la cuenca de los ríos Ter y Llobregat -que abastece a 5,5 millones de catalanes que viven en Barcelona y Gerona- pasa de la fase de Excepcionalidad II a la I, con lo que se levanta la prohibición de llenar piscinas y regar jardines con agua de boca. La única cuenca catalana que mantiene la fase de Excepcionalidad II es la del río Muga, en el Empordà (Gerona).

El Gobierno estudiará el trasvase del Ródano

El Pleno del Congreso ha aprobado una moción de CiU, pactada con el PSOE, en la que se pide al Gobierno que haga un estudio técnico del trasvase del río Ródano (Francia) a Cataluña y lo remita a la Cámara Baja en el plazo de nueve meses.

La moción ha contado con el apoyo de PP, PNV y CC, pero no con el de ERC e ICV, los partidos que gobiernan con los socialistas en Cataluña y que han alegado que la moción no está en sintonía con la política seguida por la Generalitat en materia de agua.

El estudio encargado al Gobierno tiene un carácter "multidisciplinar" y analizará el impacto económico, social, ambiental y energético que tendría trasvasar aguas a Cataluña a través de un conducto de más de 300 kilómetros, previo a la desembocadura del Ródano en el Mar Mediterráneo. La evaluación incluirá también los costes y los beneficios que podría tener esta obra en comparación con otras actuaciones posibles.