POR DERECHO

Ministerio de Igualdad

Lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando se entera de que han creado un Ministerio de Igualdad es que el Ministerio de Justicia está aún peor de lo que pensábamos, que ya es decir. Precisamente la igualdad es uno de los fines primordiales de la Justicia, por lo que en lugar de instaurar un Ministerio de Igualdad, habría sido más coherente, más práctico y sobre todo más barato, reforzar el Ministerio de Justicia para condenar las desigualdades así como el Ministerio del Interior para hacer efectivas tales condenas.

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Provoca cierta desazón asistir a este precipitado nacimiento ministerial, carente en su origen de una estructura funcional y de objetivos determinados. Me pregunto: ¿Con qué criterio se le puede exigir a una empresa que solicita una subvención que presente un exhaustivo proyecto con objetivos, ámbito de actuación en el mercado y demás parafernalia, si cuando se crea un Ministerio no se tiene previsto una mínima estructura orgánica? Aunque el artículo 17 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, parece haber paliado en cierta medida lo relativo a su organización, todavía no se han delimitado claramente sus objetivos, si bien se pueden adivinar a la vista de los órganos que el citado Real Decreto le supedita.

Uno de los órganos que dependerá del Ministerio de Igualdad será la Dirección General para la Igualdad en el Empleo. Con ello, no sólo se pone de manifiesto la precaria situación que atraviesa el Ministerio de Justicia, sino también la deficiente labor en este sentido del Ministerio de Trabajo. Esperemos que, además de ocuparse de la integración laboral de la mujer, la Dirección General para la Igualdad en el Empleo se ocupe igualmente de cuestiones no menos importantes, como paliar las diferencias salariales existentes en la propia Administración Pública, que tantos quebraderos de cabeza han traído y siguen trayendo al Ministerio de Justicia, entre otros.

Asimismo, estará vinculada al nuevo Ministerio la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Resulta paradójico que un Ministerio que se supone de Igualdad cometa tan vil discriminación con quienes son víctimas de otros tipos de violencia que, dicho sea de paso, también chocan frontalmente con el principio de igualdad, cual es el caso de la violencia xenófoba, homófoba, etc. Como saben, ha de ser el Ministerio del Interior quien en su labor de policía se ocupe de erradicar la violencia, y en base a ello, probablemente habría sido más oportuno dotar de más efectivos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que pudieran reprimir con mayor eficacia todo tipo de violencia, y no sólo la machista. ¿Se han parado a pensar las plazas policiales que podría abastecer la suculenta partida presupuestaria que va a requerir la puesta en marcha del Ministerio de Igualdad, y que a la postre significará simple y llanamente gasto político (sueldos, dietas y demás gastos)?

En definitiva, considero innecesaria la creación de un Ministerio para encomendarle funciones que competen a otros ministerios que ya existen. La igualdad en el empleo corresponde al Ministerio de Trabajo y la lucha contra la violencia, ya sea de género o no, corresponde al Ministerio de Interior. Si lo que se pretende es promulgar la igualdad como valor fundamental de la sociedad, para ello está el Ministerio de Educación y Política Social o, si me apuran, el Ministerio de Cultura.

Pero, además de innecesario, es incompleto en sus objetivos, pues aunque se le ha denominado Ministerio de Igualdad, parece (y digo parece porque como decía más arriba, aún no tiene sus objetivos perfectamente delimitados) que únicamente se ocupará de la discriminación por razón de sexo, olvidándose de las desigualdades por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que también son contrarias al artículo 14 de la Constitución Española.

Visto lo visto, la única solución que se me ocurre por el momento es enfocar el resto de desigualdades desde el punto de vista sexual, y así, habrá que plantearle al Ministerio de Igualdad lo discriminatorio que resulta que un hombre no pague el Impuesto de Sucesiones en Madrid, y que una mujer sí esté obligada a soportarlo en Andalucía, o que un hombre en Cataluña pueda resolver los problemas derivados de la sequía tomando agua del Ebro, y sin embargo, no se le ofrezca la misma posibilidad a una mujer de Murcia, Valencia o Almería.