Ordenan reabrir la investigación sobre la identificación de los cadáveres del Yak-42

La Audiencia Nacional sentará en banquillo al general Vicente Navarro, al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, los tres mandos que equivocaron la identificación de 30 de los 62 de los militares muertos en el accidente aéreo ocurrido el 2003, en Turquía, cuando la expedición regresaba de su misión internacional de paz en Afganistán.

La Sala de lo Penal dio ayer la razón a la Fiscalía y a las familias de los fallecidos y ha anulado el archivo de la causa, decretado en noviembre pasado por el juez instructor Fernando Grande-Marlaska, quien en las próximas semanas deberá remitir las actuaciones que practicó al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento. Es el segundo tirón de orejas en tres meses que la sala da a Grande-Marlaska en el mismo asunto.

El pasado 20 de enero ordenó al juez que reabriese la investigación paralela que trata de determinar si se produjeron irregularidades en la contratación del avión siniestrado, un Yak-42, y si procede depurar por ello responsabilidades penales. La Sala de lo Penal comunicó a Grande-Marlaska que se había precipitado al rechazar la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos.

Pruebas de ADN

El tribunal recuerda que Navarro, que elaboró los certificados de defunción, y los dos oficiales médicos, que realizaron los informes de las autopsias, equivocaron la totalidad de las fichas de los restos de 30 militares muertos que no habían podido ser identificados sin lugar a duda por las autoridades turcas.

El monumental error, que no se conoció hasta un año después, cuando el Gobierno tuvo que realizar pruebas de ADN a los cadáveres a petición de la familias, provocó un gran malestar entre los allegados, que tuvieron que intercambiarse 21 ataúdes y que padecieron nueve incineraciones no deseadas por los auténticos parientes.

La sala también indica que la instrucción ha dejado claro que los errores se produjeron porque las identificaciones carecieron de todo rigor, no se utilizó procedimiento científico alguno, y las asignaciones se hicieron de manera aleatoria. Los magistrados describen el método como «imprudente», «insuficiente» y carente de «un mínimo de seriedad».

Llegados a este punto, los integrantes de la Sala de lo Penal señalan que el juez instructor no puede entrar a valorar, como hizo, si estos hechos pueden o no tener un reproche penal porque ese cometido es exclusivo del tribunal juzgador.